La fiscalía del 1-O pide mantener la misma pena de inhabilitación para Junqueras, Turull, Romeva y Bassa. No podrán presentarse en las elecciones

Los fiscales del 1-O solicitarán que se desestime la revisión y se mantengan las penas de inhabilitación fijadas por el Tribunal Supremo en su sentencia de octubre de 2019 para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (13 años) y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa (12 años).

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno presentarán en las próximas horas su informe para revisar las condenas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 tras la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordamos que las penas de cárcel impuestas a los golpistas ya quedaron extinguidas al ser indultados por el Ejecutivo.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital sostienen que, además de pedir mantener la inhabilitación de Junqueras, Turull, Romeva y Basssa, los fiscales solicitarán 9 años y 2 meses de inhabilitación para la expresidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell (7 años y 6 meses por los desórdenes públicos agravados y 1 año y 8 meses por la desobediencia).

Además, solicitarán 8 años y 2 meses de inhabilitación para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull (6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los desórdenes públicos agravados y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por la desobediencia).

Por último, reclamarán 5 años de inhabilitación especial para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por el delito de desórdenes públicos agravados.

Los fiscales mantendrán en su informe de revisión de los condenados del 1-O las líneas maestras esbozadas en el recurso presentado contra el auto de procesamiento del magistrado instructor Pablo Llarena sobre el expresidente catalán huido, Carles Puigdemont.

La Sala Penal del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena recabará todos los informes de Fiscalía, resto de acusaciones y defensas para estudiarlos y posteriormente, dictar un veredicto sobre la revisión de las penas de inhabilitación a los golpistas ya condenados del 1-O.

El recurso contra el auto de Llarena

Los fiscales del 1-O recurrían la semana pasada el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el procesamiento de los golpistas fugados.

En el escrito, proponían procesar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Llarena en su auto optaba por el delito de desobediencia, ya que la sedición fue derogada en la última reforma penal del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los fiscales apuntaban en su recurso que "el relato de hechos probados de la sentencia recoge en diversos pasajes hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden público, dificultades y cortes en la circulación, invasión de instalaciones y edificios con grave afectación del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios esenciales de tales centros, actos de intimidación y violencia sobre personas y cosas, daños que se produjeron en numerosos momentos y escenarios, y sobre todo graves y, en ocasiones, violentos enfrentamientos de miles de ciudadanos movilizados a tales efectos con las fuerzas y cuerpos de seguridad en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 con motivo de la celebración del referéndum ilegal".