Video: Isaías Herrero pacta con la fiscalía. La defensa de Borràs se desmorona ante la confesión de su socio en la trama de corrupción

Laura Borràs, la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) y expresidenta del parlamento regional, afronta a partir de este viernes un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017. Abandonada por los demás partidos separatistas, que han establecido una especie de cordón sanitario frente a la dirigente del partido de Puigdemont, ahora también se le complican más las cosas en el plano judicial.

Laura Borràs se sentará este viernes ante el juez por la presunta trama de corrupción que lideró cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Consejería de Cultura, acusada de trocear contratos y entregárselos a dedo a su amigo Isaías Herrero. Su situación es ahora más que delicada, tras un giro de los acontecimientos en las últimas horas. El propio Herrero, también procesado, negocia con la Fiscalía una rebaja de la futura condena a cambio de confesar los tejemanejes de ambos entre 2013 y 2017. En su ordenador, se hallaron pruebas evidentes del amaño, como el rastro de 18 adjudicaciones bajo sospecha, y grabaciones de los Mossos sobre conversaciones telefónicas comprometidas donde Herrero presumía de su amistad con la presidenta de JxCAT y de varias maniobras. El testimonio puede ser clave y trastocar toda la estrategia de defensa de Borràs.

La dirigente de Junts se sentará este viernes en el banquillo, acusada de prevaricación administrativa y de falsedad documental, en su caso agravada por ser cargo público. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación y 144.000 euros de multa. La dirigente juntera desvió, presuntamente, 335.700,29 euros hacia los bolsillos de Isaías Herrero, a quien adjudicaba contratos troceados para evitar tener que convocar concursos. En la trama participaba también Andreu Pujol, que prestó su nombre y una de sus sociedades para que Herrero pudiese camuflar los cobros del erario público mientras Borràs era directora de la ILC. El Ministerio Público pide para Herrero seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 72.000 euros de multa, pero todo puede cambiar.

La estrategia de Laura Borràs se dirigirá a intentar invalidar las pruebas que hay en su contra. Para ello, aportará un informe de parte contratado con Emilio Hellín, un ultraderechista español miembro de Fuerza Nueva acusado de haber asesinado en 1980 a la joven Yolanda González. Hellín es el autor de un informe informático con el que Borràs pretende neutralizar las pruebas aportadas, tanto grabaciones telefónicas de su amigo Herrero como e-mails personales suyos cuando era directora de la ILC, dando instrucciones de cómo hacer trampas para poder adjudicar los contratos.

La defensa de la líder de Junts intentará poner en duda la cadena de custodia de las pruebas para que no se tengan en cuenta. Esas pruebas se encontraron por casualidad, cuando los Mossos d’Esquadra investigaban a Herrero por falsificación de moneda y tráfico de sustancias estupefacientes (delitos por los que luego fue condenado). Al encontrar e-mails de Borràs y tener constancia de ciertas prácticas como alto cargo de la Generalitat, la jueza abrió pieza separada y comenzó a investigar a la dirigente independentista. Con su confesión, Herrero pretende una condena sensiblemente menor para poder eludir la cárcel. Pero, al mismo tiempo, la Fiscalía dispondría también de pruebas de los delitos al margen de los e-mails y de las conversaciones, por lo que la petición de invalidación de pruebas queda muy debilitada.

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