La operación de la Guardia Civil contra las clínicas abortistas fue un “gesto” del Gobierno hacia la Iglesia: de ahí el enfado con Rouco y García Gasco

Según los datos recogidos por El Confidencial Digital, tras el último viaje a Roma de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta llegó a España con la intención de contemporizar en las relaciones con la Iglesia y con el compromiso de llevar a cabo un gesto “de buena voluntad” para consolidar esa política de mano tendida.

Ha que recordar que el pasado 24 de noviembre, Benedicto XVI entregó en Roma el birrete rojo a 23 nuevos cardenales, tres de ellos españoles: Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia; Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona; y el erudito jesuita Urbano Navarrete. María Teresa Fernández de la Vega, asistió a la ceremonia y se entrevistó con Tarsicio Bertone, secretario de Estado y número dos del Vaticano.

Según publicó entonces la prensa acreditada, fuentes diplomáticas confirmaron tras aquel encuentro que las relaciones entre España y la Santa Sede atravesaban “un momento muy positivo; sin contenciosos”. Al parecer, De la Vega fue convencida en la capital de Italia de la necesidad de acabar con los abusos de las clínicas abortivas en España.

El planteamiento que se le hizo fue más o menos el siguiente: no hay nada más de izquierdas que estar junto al que sufre, al necesitado, al más desvalido, al pobre, al indigente… Y el más débil, pobre, necesitado… es precisamente el ‘nasciturus’. Máxime cuando se conocían supuestas prácticas ilegales, que se saltaban incluso la propia ley española. La solicitud fue bien acogida y la intervención en los centros médicos abortistas no se hizo esperar.

Unas horas después de que tomara tierra en España la vicepresidenta, entró en acción la Benemérita. El 26 de noviembre, la Guardia Civil detuvo al director de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, Carlos Morín, en una operación dirigida por la Fiscalía y un juzgado de instrucción.

En algunos ámbitos llamó la atención que se decidiera actuar ahora, cuando se trata de un caso destapado hace varios años. Efectivamente, Daniel Foggo y Charlotte Edwardes publicaron el 10 de octubre de 2004 en el Daily Telegraph un reportaje sobre las mujeres que, pasado el límite legal del aborto en el Reino Unido (24 semanas) eran enviadas por el Servicio Asesor de Embarazo (British Pregnancy Advisory Service, BPAS) a abortar en la clínica Ginemedex de Barcelona.

Más aún. En octubre de 2006, un reportaje con cámara oculta de la cadena de televisión pública danesa DR desveló algo muy similar, confirmando la existencia de una clínica en la Ciudad Condal donde se habrían realizado abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta siete meses. La Guardia Civil llegó a recabar numeroso material sobre estos movimientos. Pero pasaron los meses y nadie dio la orden de actuar. Más bien, al contrario.

En este contexto, se entiende mejor el enfado que ha provocado en el PSOE la intervención de los cardenales Rouco Varela y García Gasco, tras el acto de las familias celebrado en Madrid. Se considera una ‘traición’ a los socialistas tras los gestos del Ejecutivo por serenar las cosas.