La ONU desoye las presiones (y la generosidad financiera) de Zapatero y obliga a España a quedarse con un contingente de ‘sin papeles’ del Marine I
El Gobierno español ha repatriado desde Nuadibú (Mauritania) a 346 de los 369 inmigrantes ilegales asiáticos del barco Marine I. Pero con 23 de ellos sigue habiendo problemas y ACNUR, organización de la ONU para los refugiados, no ha hecho caso a las presiones (ni a la generosidad financiera) del gobierno español.
Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, tras cuatro meses y medio de calvario, 23 personas, en su mayoría de origen pakistaní e indio, siguen en un hangar de Nuadibú, segunda ciudad de Mauritania. Desde un primer momento, el gobierno español, que tiene en el país magrebí uno de sus principales destinatarios de cooperación, se hizo cargo de la manutención y las repatriaciones de estos cientos de inmigrantes que recorrieron medio mundo para poder alcanzar las fronteras españolas. El estado mauritano no puede sufragar los gastos aludidos.
Como se ha citado en la prensa nacional, de esas 23 personas que aún restan en Nuadibú, diez de ellas –según indicaciones de ACNUR al gobierno español- esperan destino en España para ser tratadas de problemas psicológicos. Los otros trece aguardan su repatriación. Estas repatriaciones que ahora, en principio, terminan, han sido muy onerosas para España, tanto en términos económicos y logísticos –aviones- como en términos de personal –colaboración con las autoridades mauritanas. Pese a todo, la CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado) ha criticado el trato poco humano recibido por los inmigrantes.
Días atrás, cuando ya estaban listos dos aviones para Mauritania, uno con fuerzas de seguridad y otro con destino a India y Pakistán, la vicepresidenta Fernández de la Vega ordenó detener el dispositivo. La razón es que ACNUR prohibió a Moncloa llevar a cabo las repatriaciones.
Otra píldora amarga dispensada por ACNUR –que dirige el socialista António Guterres- al gobierno de España afecta a las diez personas que han de ser tratadas en España de problemas psicológicos y de salud mental. Remontándonos al inicio de la historia, estas diez personas forman parte de las otras 23 que aún están en Mauritania y que no se acogieron a la repatriación voluntaria por considerarse a sí mismos objetores políticos, alegar miedo al regreso a su país y solicitar asilo político en España.
Las autoridades españolas intentaron hacer ver a ACNUR que estos no eran inmigrantes por motivos políticos sino por motivos económicos. Pero ACNUR, en sus visitas de chequeo, ha otorgado credibilidad a los inmigrantes pese a las presiones del gobierno para repatriar a estos ciudadanos y terminar con tan áspero problema.
Todo esto ha sentado muy mal en Moncloa pues el gobierno Zapatero, en aras de su teoría del ‘multilateralismo eficaz’, multiplicó por cuatro las contribuciones voluntarias de España a la ACNUR, que ahora rondan los doce millones de euros. Y la queja es que, tras tanta generosidad, ACNUR al menos podría devolver el favor.
