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Contratará una empresa externa

El rector de la Rey Juan Carlos encarga una auditoría en el instituto del máster de Cifuentes

Se han detectado irregularidades como la utilización de tarjetas para gastos particulares y existen sospechas de malversación

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El rector de la Rey Juan Carlos convocará un concurso público para iniciar una auditoría forense externa. El objetivo es esclarecer las presuntas irregularidades en las cuentas de dos institutos de la universidad, incluido el del máster de Cifuentes. Las sospechas existentes sobre los balances de los dos centros son la causa de que no se aprobaran en plazo las cuentas del año 2017.   


Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

Las cuentas debían ser aprobadas en una reunión el pasado 28 de junio por el Consejo Social, órgano de la universidad que supervisa la actividad económica y el rendimiento de los servicios de la misma.

Pero las presuntas irregularidades de, principalmente, el Instituto de Derecho Público (IDP), el relacionado con el caso máster de Cifuentes y el de Pablo Casado; y también las del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, imposibilitaban la aprobación de las cuentas generales de 2017.  

El rector y la secretaria general, en previsión de la negativa a la totalidad de los presupuestos por las irregularidades, decidieron apartar del orden del día del pasado 28 de junio la aprobación de las cuentas de la universidad “para hacer las cosas bien” y para “detectar” si había “fraude” en las cuentas. La consecuencia fue que pasó el plazo límite, fijado para el 30 de junio.

Las cuentas, después de la auditoría

Tal y como apuntan fuentes de la universidad a ECD, se prefirió no aprobar las cuentas y esperar a que todo estuviera en orden. Para ello, se ha empezado a estudiar las condiciones del concurso público en el que se seleccionará a la empresa que realizará una auditoría forense para esclarecer los hechos.

Aunque no se ha puesto fecha todavía, el propio rector afirmó en el claustro universitario que la auditoría se iniciaría “próximamente”.

Fuentes del rectorado apuntan a que la fecha de la aprobación definitiva del balance económico de la entidad sería antes de final de año. Para ello, se celebrará una reunión del Consejo Social en una fecha aún no definida,  donde el rector presentará las cuentas para ser aprobadas por el Consejo ya de forma definitiva.

Los institutos y las irregularidades 

 El centro sobre el que pesa la mayoría de las presuntas irregularidades que impiden que se cierren las cuentas es el Instituto de Derecho Público (IDP), el del máster de Cifuentes y el de Pablo Casado.

Las investigaciones recaen en la figura del catedrático Álvarez Conde, ex director del Instituto, a quien se le acusa de falsedad documental por falsificar el acta del TFG de la ex presidenta de la Comunidad.

Una tarjeta de crédito bajo sospecha

Sin embargo, su responsabilidad parece ser mucho mayor, al no afectar solo al caso de Cifuentes. Y es que desde la universidad han explicado a este medio cómo se utilizaban presuntamente tarjetas asociadas a gastos del instituto a título personal.

También destaca la denuncia presentada por la universidad al IDP, al haber indicios de malversación. Y la existencia de transferencias bancarias a cuentas particulares, como apunta eldiario.es

Sobre el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, fuentes de la universidad afirman que la investigación se realiza simplemente “porque está en las mismas circunstancias legales que el otro”, el de Derecho Público. 

Por su parte, la Rey Juan Carlos resalta las medidas ya tomadas, como que a ambas entidades “se les ha retirado la independencia” administrativa. Se ha impuesto un mecanismo por el cual toda decisión que se tome por la dirección provisional tendrá que pasar necesariamente por gerencia general. Y también, remarcan desde la universidad, está abierto un proceso de investigación transitoria interna en colaboración con la fiscalía, y en paralelo a la futura auditoría.

Consecuencias sobre el caso

La Universidad ha resaltado que una vez finalizada la auditoría forense, se evaluarán los datos obtenidos y se procederá a tomar las medidas oportunas en caso de haber fraude. Medidas como poner en conocimiento de la fiscalía cualquier presunto acto constitutivo de delito.

Las fuentes consultadas sugieren que la Comunidad de Madrid o el Tribunal de Cuentas podría tomar soluciones sancionadoras contra la universidad por presentar las cuentas fuera de plazo. Aunque desde la Rey Juan Carlos califican esta posibilidad de “remota”.

 


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