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El dato: un incendiario a la cárcel por cada 1.000 quemas forestales. Expertos de Garrigues, Greenpeace y la Fiscalía explican las causas de tanta impunidad

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El endurecimiento del Código Penal, la cada vez más eficaz labor de prevención y concienciación social y la compenetración de las Fiscalías de Medio Ambiente no son suficientes para castigar a incendiarios y pirómanos. Abogados, fiscales, agentes del orden y naturalistas explican las claves de la dificultad para meter en la cárcel a quien provoca incendios forestales: “Sólo cogen a los tontos”.

Aunque tengas el coche lleno de garrafas de combustible y huelas a gasolina, sólo se coge a los tontos” reconoce a El Confidencial Digital Miguel Ángel Soto, portavoz autorizado de la ONG naturalista Greenpeace.

Esta plataforma elaboró en 2008 un informe en el que se trataban de esclarecer los motivos del alto índice de impunidad que experimentan los delitos penales derivados de la provocación de incendios forestales.

Basándose en el análisis de la memoria anual de la Fiscalía del Estado de Medio Ambiente, el informe (consulte aquí ‘Incendios Forestales: ¿El fin de la impunidad?’) reflejaba que tan sólo 1 de cada 1.000 incendios provocados –con o sin dolo- terminaba con el culpable entre rejas.

Si nadie le ha visto encendiendo el fuego no hay pruebas, da igual que se le pille saliendo del foco del incendio con unas cerillas” indican desde la Consejería de Medio Ambiente de Galicia, la comunidad más afectada por las quemas forestales, y que a su vez es la que más detenidos y sentencias sancionadoras ha logrado.

Absuelto tras 30 incendios

Para ilustrar hasta qué punto es complicado probar la relación de un individuo con un acto de quema forestal basta un botón de muestra. En el año 2006, la Policía y el Seprona vivieron una auténtica pesadilla buscando a un pirómano que había causado hasta 30 incendios forestales en la sierra de Madrid. Tras un largo operativo, fue descubierto y detenido. El acusado había trabajado años anteriores en retenes forestales.

Se encontraron en su poder numerosos productos químicos aceleradores del fuego, así como gran variedad de mechas retardantes. Meses después, el acusado era absuelto al no encontrarse pruebas definitivas que lo vincularan con los incendios.

A la dificultad para pillar ‘in fraganti’ a pirómanos e incendiarios se le une muchas veces las complicaciones técnicas y humanas para esclarecer el método y motivo por el que se produce la quema. En la inmensa mayoría de los casos, el infractor no es ni siquiera identificado.

Según los datos que maneja la Fiscalía de Estado de Medio Ambiente, en 2008 se produjeron un total 11.612 incendios, resultando detenidas por ellos 436 personas. El 75% de los que pasaron a disposición de la justicia demostraron que su imprudencia no había sido voluntaria. Respecto al resto, unas 93 personas, si se pudo demostrar que era un acto con dolo.

El problema es que estos casos se juzgan ante un jurado popular, y no parece que esa sea la mejor formula para acabar con la impunidad”, valora para ECD un abogado del bufete Garrigues.

Desde la Dirección General de Montes de Galicia, encargada de arreglar los desaguisados causados en los ecosistemas forestales por los incendios, comparten esta opinión: “Un jurado popular no es lo más indicado para estos casos”, aseguran.

Otro de los datos más significativos es que, según las estadísticas oficiales, el 20 por ciento de los detenidos acusados de provocar una quema ya había cometido anteriormente delitos de otro tipo.

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