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Los laboratorios farmacéuticos tienen interpuestas más de 4.000 demandas contra las administraciones públicas: tardan 400 días de media en pagar las facturas

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Las administraciones públicas no pagan a tiempo a sus proveedores, cifrándose estos retrasos en cerca de 400 días en sectores como el farmacéutico. A día de hoy, los gestores de las arcas públicas acumulan más de 4.000 demandas interpuestas por laboratorios.

“Que la Administración Publica no paga bien y menos a tiempo, lo sabe todo el mundo, pero esto ya es demasiado”, aseguran a El Confidencial Digital desde varias empresas de material médico y laboratorios farmacéuticos. Hacen referencia al retraso sistemático de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a la hora de pagar las facturas de medicamentos o material médico y sanitario, demora que se agrava si dichas facturas se remiten a las casas Consistoriales y Diputaciones por correo.

Pere Brachfield, profesor de Administración de Finanzas de EAE Business School y experto en Morosología, concreta que ese aplazamiento de fechas para cumplir con los pagos se sitúa de media en 400 días, más de un año. Los plazos se alargan todavía más en comunidades como la valenciana, que tarda entre 500 y 600 días en saldar sus cuentas sanitarias.

El contrapunto lo ponen en el Norte, especialmente en el País Vasco, donde, tal y como aclara Brachfield, “el sistema sanitario está concertado, y ahí cambia la cosa”. Navarra, por su parte,es “la que más respeta los plazos”, añade.

Para zanjar esta cuestión, los laboratorios farmacéuticos están recurriendo a los tribunales “cada vez más”, apuntan desde algunos de ellos. Hasta la fecha, se han registrado más de 4.000 demandas de la industria farmacéutica española en relación a esta problemática, según fuentes de mercado.

A este respecto, fuentes jurídicas destacan que los suministros de especialidades farmacéuticas a Administraciones sanitarias se entienden como contratos públicos de suministro sometidos a la normativa sobre contratación pública. La demora del deudor tiene, entre otras consecuencias relevantes, el devengo de un interés equivalente al legal del dinero incrementado en 1,5 puntos porcentuales a partir de los dos meses de retraso, destacan.

La legislación vigente da derecho a los laboratorios farmacéuticos a exigir intereses y los costes que el cobro genere, algo que estas mismas fuentes señalan como “un estímulo adicional a interponer reclamaciones”, además de una compensación real por la demora y por el coste en tiempo y esfuerzo que supone tener que reclamar.

Desde hace cuatro años, la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que recoge las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y que también ampara este tipo de transacciones, establece que los clientes públicos también deben de pagar los servicios contratados a 30-60 días.

Estos plazos no son negociables y a partir del día 61 deben de satisfacer los intereses de demora “igual que los demás”, asegura el director del Instituto de Estudios de Morosología. No obstante, y según reconocen fuentes municipales y autonómicas, “lo normal es que los Ayuntamientos paguen tres meses después, a 90 días” -amplíe aquí esta información-.

No cumplir las fechas, por tanto, encarece la factura sanitaria pública, ya que a los costes de las medicinas y materiales necesarios en hospitales, centros de salud, etc. hay que añadirle los intereses de demora. Estos gravámenes se fijan conforme a los tipos establecidos por el banco Central Europeo y a día de hoy, superan el 11%.

En la misma línea, y como este interés se aplica desde el primer día de retraso, “estamos viendo deudas que alcanzan cifras astronómicas”, denuncian varios de los profesionales afectados, consultados por ECD sobre esta cuestión.

Además, los administradores del sector público deben correr con los gastos que originan las gestiones necesarias para llevar a término los recobros: llamadas telefónicas, contratación de peritos y abogados especializados, gastos administrativos, etc.

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