El PSOE aceptará el reingreso de Ábalos si sale inocente en el 'caso Koldo'
El expediente de expulsión aún se está tramitando, pero la dirección socialista no ve problema para que vuelva al partido si, finalmente, la justicia no imputa al exministro
El Partido Socialista no ve con malos ojos integrar de nuevo al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, si resulta inocente una vez concluya la instrucción del conocido como 'caso Koldo'. La supuesta trama de corrupción en la que su asesor de máxima confianza en el Ministerio, Koldo García, se llevó presuntas mordidas le costó la expulsión del partido a que fuera secretario de Organización de Ferraz hasta el verano de 2021 después de que se negara a entregar el acta de diputado, como le exigió la cúpula socialista. Sin embargo, altos mandos del PSOE aseguran que el partido no tendría inconveniente en aceptar su vuelta una vez se determine que no tiene responsabilidad penal alguna.
Aunque la ejecutiva socialista anunció la suspensión de la militancia de Ábalos, aún se encuentra en trámite, según ha podido saber ECD de fuentes del partido, pero es cuestión de tiempo que el expediente concluya con su salida forzada de la formación política.
Volver si resulta inocente
El PSOE confía en que el exministro resulte inocente tras la investigación del caso y considerará oportuno recuperar al que fue uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la pasada legislatura. El procedimiento aún se encuentra en fase de instrucción y en Ferraz se muestran conscientes de que este tipo de casos suelen alargarse. La justicia investiga si el exasesor y mano derecha del extitular de Transportes recibió comisiones de empresas a cambio de conseguirles contratos en material sanitario durante los peores meses de la pandemia.
La presunta trama operó en distintas administraciones gubernamentales; no solo consiguieron contratos de Transportes. También obtuvieron adjudicaciones del Gobierno balear, entonces presidido por Francina Armengol, y el Ejecutivo canario, liderado por el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, de momento, la instrucción no ha revelado que Armengol, Torres o Ábalos tuviesen conocimiento de las presuntas mordidas ni de las operaciones de la trama y solo Koldo está imputado en la causa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecó un incremento injustificado del patrimonio del exasesor, que compró varios inmuebles después de que se adjudicaran los contratos bajo sospecha.
Otros casos investigados
El estado de alarma vigente durante la primavera de 2020 eliminó todas las barreras habituales que rigen el proceder a la hora de obtener y adjudicar contratos de la Administración. Ninguno debía salir a concurso y podían entregarse a dedo.
El mercado persa que se produjo en aquellos meses ante la falta de mascarillas y respiradores ha llevado a la Justicia a poner la lupa en varios contratos adjudicados en esas fechas. El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a dos contratos de mascarillas FFP2 y guantes de nitrilo por valor de 11 millones de euros. La operación terminó con Alberto Luceño y Luis Medina, enfrentándose a 15 y 9 años de cárcel respectivamente por delitos de estafa y falsificación de documentos. Ambos cobraron más de seis millones de euros en comisiones por hacer de intermediarios poniendo en contacto a la empresa con la Administración: es decir, más de la mitad de lo que pagó el Ayuntamiento fue al bolsillo de los dos comisionistas, a pesar de que el material resultó defectuoso y no cumplía con lo estipulado en el contrato.
Ningún cargo del Ayuntamiento resultó investigado porque no hubo pruebas que ningún funcionario tuviera conocimiento de las comisiones o resultara beneficiado de las mismas, a diferencia del exasesor de Ábalos.
También se investigó otro contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet, propiedad de un amigo de la infancia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En dicha operación, el hermano de Ayuso se llevó una comisión de casi 300.000 euros, de nuevo, por hacer de intermediario en un contrato que alcanzó el millón y medio de euros. Pero, a diferencia de Luceño y Medina, el material cumplió con lo acordado y no hubo falsificación de documentos. Tampoco se demostró que la presidenta se lucrase con dicho contrato ni que intercediese para que la Comunidad se lo adjudicase a la empresa Priviet Sportive. En consecuencia, tanto la justicia española como europea desecharon cualquier hecho delictivo en dicha operación.
No está imputado
Aunque a diferencia del caso del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad, en el 'caso Koldo' sí hay indicios de que un funcionario público intercediese a favor de la empresa y cobrase comisiones por ello, ningún otro cargo del ministerio está siendo investigado. La justicia no investiga a Ábalos, ni Armengol, ni a Víctor Torres, y tampoco a los funcionarios a su cargo. De momento, no hay pruebas ni indicios que impliquen un comportamiento delictivo de ninguno de los tres —al igual que sucedió con el Ejecutivo de Ayuso o de José Luis Martínez Almeida, el alcalde del consistorio madrileño—.
Posible violación de derechos
En el Partido Socialista consideran incluso que no admitir readmitir a Ábalos en el partido —si resulta inocente— podría vulnerar sus derechos como ciudadano al no estar ni condenado ni investigado en ninguna causa judicial. El exministro de Transportes no dimitió y se mudó al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados para "defenderse", según explicó en rueda de prensa en la Cámara Baja, aunque mantiene la disciplina de voto y secunda de decisión que marque el PSOE en cada votación.
