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Dios nos libre del juez ejemplarizante

Una vez que he dejado clara mi postura sobre lo que debe suceder con todos aquellos que han cometido algún atropello –véase el comentario de este martes-, voy un paso más allá. Ahora que Dios nos libre de los jueces ejemplarizantes.

Es lo que tiene el ‘show business’: que trastoca las cabezas. De un tiempo a esta parte hemos asistido al nacimiento de esa figura del juez justiciero, investido de una autoridad que nadie le ha otorgado que se siente llamado a redimir a la sociedad entera de tiros y troyanos, malvados y golfos apandadores.

La instrucción de las causas y las propias sentencias judiciales no buscan en estos casos hacer justicia, que es lo suyo, sino enviar un mensaje a la ciudadanía, marcar límites de obligado cumplimiento general, establecer pautas para que los individuos sean buenos y ejemplares.

Pero esa no es la misión de un magistrado. Se puede hablar del valor pedagógico que tienen las leyes porque es cierto que establece unas reglas del juego, un manual de instrucciones que se puede esgrimir ante los conflictos de intereses que inevitablemente surgen en cualquier comunidad.

Pero una sentencia debe ser justa. Nada más (y nada menos). Cada delito tiene su pena. Independientemente de la estatura, la profesión, la exposición mediática, la condición social y el equipo de fútbol al que es aficionado el imputado. Si el fallo varía atendiendo a alguna de las razones anteriores, la justicia se prostituye. Se cometen atropellos tremendamente injustos.

No es teoría. Recuerdo un caso reciente.

La Audiencia Provincial de Málaga metió en la cárcel a Isabel Pantoja atendiendo a la función de “prevención general” que tienen las leyes. Es decir, se quería mandar a la sociedad entera un mensaje para evitar conductas delictivas como las juzgadas en el caso de la popular cantante.

Dio igual que Pantoja reuniera, uno por uno, todos los requisitos contemplados en los artículos 80 y 82 del Código Penal para la suspensión de la entrada en prisión de un ciudadano valorando que esto supone lo más grave para un ser humano: la pérdida de su libertad. Pantoja era a) delincuente primaria; b) su condena era inferior a los dos años y c) se aceptó un pago escalonado de la multa de un millón de euros impuesta por el tribunal. Dio igual.

No me parece bien, porque de la alarma social al juicio sumarísimo hay un paso. Aquí no hay sólo criterios objetivos. Esto se presta muy fácilmente al escarmiento partidista, a la venganza personal, a los atajos peligrosos justificados por el fin bueno que se persigue.

Miedo me da.

Más en twitter: @javierfumero

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Javier Fumero