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Política

La dirección del PSOE distribuye internamente un informe en el que explica por qué está dando la batalla en la corrupción urbanística

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Bajo el título “No es lo mismo: el PP y el PSOE ante la corrupción urbanística” la dirección socialista detalla lo que está haciendo el Gobierno para luchar contra ella. Recuerda 9 casos de corrupción de los populares frente a 2 propios.

Es un informe interno que la dirección del Partido Socialista ha hecho llegar a los suyos explicando las razones que están llevando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a hacerle frente al Partido Popular en la lucha contra la corrupción urbanística.

El Confidencial Digital ha tenido acceso a este documento, de tres folios, que está encabezado con el siguiente título: “No es lo mismo: el PP y el PSOE ante la corrupción urbanística”.

En una primera parte de seis puntos, los socialistas se acercan a las políticas que van a desarrollar o que ha desarrollado ya el Gobierno y que es lo que ha hecho el PP:

-- “No es casualidad que estén aflorando ahora tantos escándalos urbanísticos en España. Si están saliendo ahora es porque este Gobierno está persiguiendo, como no se había hecho antes estas prácticas y porque ha decidido poner todos los medios que sean necesarios para detectar y acabar con la especulación, las irregularidades y el fraude”.

-- “Ahora se planta cara a todos aquellos que quieran aprovecharse de las instituciones para enriquecerse ilegalmente”. En este punto, el documento hace mención al caso de Marbella: “ a pesar de las denuncias que hizo la Junta de Andalucía y puesto que era notable la situación irregular que allí se vivía, el Gobierno del PP siempre se negó a disolver el Ayuntamiento, algo que sí hizo el Gobierno socialista”.

-- “El PSOE está actuando también con determinación: cese inmediato de cualquier cargo socialista afectado en algún caso y tolerancia cero frente a los escándalos urbanísticos”.

-- Acusa al Partido Popular de fomentar la corrupción urbanística porque en su etapa de gobierno basó el crecimiento económico en el “urbanismo salvaje”.

-- El PP “puso en marcha una Ley del Suelo en el año 98 que ampara las recalificaciones especulativas y opacas del suelo”.

-- Y por último, en el texto se lee cómo el PP desactivó la Fiscalía Anticorrupción “a la que dejó con menos competencias y medios para luchar contra el fraude”.

A continuación resume en otros siete puntos las medidas que el PSOE ha puesto en marcha:

1.- Un plan de Prevención del fraude fiscal, desde 2005.

2.- Se ha creado una figura especial dentro de la Fiscalía General del Estado para la lucha contra la corrupción urbanística y medioambiental.

3.- 25 nuevas plazas de fiscales para estos delitos.

4.-200 guardias civiles integrados en un Grupo de Delitos Urbanísticos.

5.- Se está tramitando una nueva ley del suelo.

6.- Un plan de sostenibilidad de la costa.

7.- Se está movilizando más suelo público para VPO.

En las siguientes páginas y bajo el epígrafe “Por sus hechos los conoceréis”, el PSOE hace un breve repaso por nueve casos de corrupción del PP y dos socialistas:

-- Madrid: Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Implicado en la recalificación de unos terrenos en la localidad de Villanueva de la Cañada. De esta operación, se recuerda en el informe, se benefició además un pariente de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, José Gil de Biedma.

-- Alicante: Su alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, ha sido ratificado como candidato para 2007 a pesar de estar imputado “por cinco supuestos delitos, entre ellos, prevaricación y tráfico de influencias”.

-- Orihuela: José Manuel Medina (PP) tiene que hacer frente al menos a 15 denuncias por hechos delictivos en la gestión urbanística y económica del ayuntamiento. Además “reconoció ante el juez que vive en un chalé y usa un Rolls Royce propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales”.

-- Torrevieja: Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde popular, está imputado por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y opta a su quinta reelección.

-- Caso Fabra: presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, otro de fraude fiscal y otro de falsedad. Quiere repetir como candidato municipal y controlará la campaña electoral en Castellón. “En todo momento ha recibido el apoyo de la dirección de su partido”.

-- Caso Faycán: Franciso Valido, primer edil de Telde (Gran Canaria) ha dimitido de su cargo tras haber sido detenido por la justicia.

-- Rota: Antonio Peña del PP está imputado por prevaricación en la tramitación de un expediente de urbanización en suelo privado. “Sigue en el cargo y quiere volver a presentarse”.

-- La Línea de la Concepción: el PP sigue apoyando al alcalde, Juan Carlos Juárez, a pesar de estar imputado por contratar de forma irregular para el Consistorio a más de un centenar de personas.

-- Tui (Pontevedra): Sobre Antonio Fernández Rocha pesan varias denuncias vinculadas al urbanismo. Pero además ha sido condenado a siete años de inhabilitación “que está pendiente de recurso”.

Estos son los casos recogidos por el PSOE del Partido Popular. Le sigue a este relato una frase que pronunció el Presidente del PP, Mariano Rajoy el 29 de septiembre: “Cuando algún juez diga que un militante incumple la ley, actuaremos en consencuencia, pero mientras tanto tiene bastante poco sentido hacerlo”.

Termina el informe interno de la dirección del PSOE con dos casos de corrupción socialista bajo el epígrafe “Así actúa el PSOE”:

--Ciempozuelos: Su alcalde, Pedro Antonio Torrejón, presentó su dimisión ante las peticiones del Partido Socialista de Madrid cuando aparecieron unas informaciones que le “relacionaban con una supuesta operación irregular ligada a una recalificación de terrenos”.

-- Los Alcázares (Murcia): Hace un mes que su alcalde Juan Escudero “presentó su dimisión” tras conocerse las inversiones del cerebro del Caso Malaya, Juan Antonio Roca.