Jueves 08/12/2016. Actualizado 01:00h

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¿Puede España funcionar sin Gobierno?

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Las elecciones generales del 20 de diciembre dejaron un panorama inédito en España: por primera vez en muchos años las urnas no han dejado claro quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, e incluso se baraja abiertamente la posibilidad de que haya que repetir los comicios. La situación de interinidad del actual Ejecutivo se va a extender y una duda comienza a surgir: ¿Puede España funcionar sin un Gobierno electo trabajando?

Gobierno. Gobierno.

Senza Governo funzionamo meglio”: “sin gobierno funcionamos mejor”, dicen a menudo muchos italianos ante la inestabilidad política que se ha hecho crónica en un país que en 70 años ha tenido 63 ejecutivos.

La fragmentación de los partidos ha obligado casi siempre a constituir en Italia coaliciones de gobierno entre numerosas fuerzas políticas. Las crisis entre los socios en el poder, los cambios de primer ministro y las elecciones anticipadas se han sucedido en la etapa democrática de este país que recurrentemente se ha puesto como ejemplo del peligro que corría España si se acababa el bipartidismo que imperaba hasta hace unos años.

El momento ha llegado. Ni siquiera la suma del Partido Popular y Ciudadanos ni la del PSOE y Podemos permitirá formar gobierno sin al menos el apoyo o la abstención de otros grupos parlamentarios. Por primera vez en más de 38 años -desde 1977- un mes después de las elecciones generales la opción de que se repitan las elecciones a Cortes Generales se plantea en serio como la salida a una situación de bloqueo político.

Meses de espera desde la convocatoria del 20-D

El rey completó la ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria y la situación continúa estando muy abierta. Al menos el viernes 22 de enero, cuando Felipe VI recibió a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, los grandes partidos se mantenían en sus posiciones.

Por ahora no se vislumbra ningún pacto suficiente para investir a un presidente con la mayoría requerida. El rey no tiene tiempos tasados y puede proponer al Congreso que se someta a votación un candidato cuando él considere, pero después de esa primera sesión de investidura hay dos meses de plazo máximo: si en ese tiempo no se ha elegido a un presidente, se disolverían las Cortes y se convocarían de nuevo elecciones.

En el mejor de los casos quedan varias semanas antes de que haya nuevo gobierno, pero es probable que las negociaciones se extiendan aún más en el tiempo. Si finalmente no hay acuerdos y todos los candidatos fracasan en conseguir al menos mayoría simple (más votos a favor que en contra, sin contar abstenciones), habría de nuevo elecciones, que se celebrarían en torno al mes de mayo y volvería a transcurrir más de un mes antes de tener gobierno.

Mariano Rajoy puso punto final a la legislatura el 26 de octubre, cuando firmó el decreto de disolución de las cámaras y de convocatoria de las elecciones. Su gobierno pasó oficialmente a estar en funciones tras las elecciones del 20 de diciembre, pero ya desde la convocatoria de elecciones pasó a tener un perfil más bajo.

¿Qué consecuencias tiene para España estar meses sin un gobierno electo y seguir con un ejecutivo en funciones durante meses y meses? No son pocas las voces que reclaman que los políticos lleguen a un pacto de forma urgente para que el nuevo gobierno se ponga a trabajar de inmediato en los problemas que tiene el país, como son la economía y el desafío independentista en Cataluña.

El miedo principal: el castigo a la economía

La consecuencia más clara de este período de interinidad es la indefinición del rumbo político de España. El actual Gobierno de Rajoy se sigue reuniendo en Consejo de Ministros pero sólo aprueba acuerdos y reales decretos sin mucho contenido político, más allá de cuestiones urgentes y rutinarias.

Mientras tanto, no se toman medidas de calado ni a largo plazo en materia económica, en la lucha para reducir el desempleo, en asuntos del Estado del Bienestar como la sanidad, la educación o la pensiones, en reformas instituciones y contra la corrupción o en materia de seguridad y frente al terrorismo.

En un escenario en el que la incipiente recuperación de la economía es todavía débil, uno de los miedos de muchos responsables políticos, pero también de agentes económicos y empresarios, era que la incertidumbre y el retraso en la formación del nuevo Gobierno preocupara a los inversores internacionales y provocara un encarecimiento de la deuda pública y un repunte de la prima de riesgo.

Sin embargo, la subida ha sido muy ligera y provocada sobre todo por la caída del bono alemán, ya que la primera de riesgo es el diferencial entre la dueda soberana española y la de Alemania. Por tanto, todavía no se puede decir que España esté sufriendo un castigo en los mercados por si situación política.

Los inversores, a la expectativa

Que la incertidumbre política no se haya reflejado todavía en la prima de riesgo no significa que no esté teniendo consecuencias en la economía. Los resultados del 20-D, que dejaron un parlamento fragmentado y con difíciles opciones de pactos para gobernar, pusieron en alerta a muchos inversores.

Muchos bancos, empresas y fondos han congelado sus planes para invertir en España y poner en marcha nuevos proyectos en los que comprometerían muchos millones de euros a la espera de que se aclare el panorama político. Si bien algunos temen concretamente un gobierno de izquierdas que pueda tomar medidas contra las grandes entidades y operaciones financieras, la precaución general se debe a que prefieren esperar a saber los planes concretos del nuevo Gobierno, para no verse atrapados por cambios legales y regulatorios.

Esta paralización ya se ha concretado en el sector bancario. En agosto los presidentes de los grandes bancos (Santander, BBVA y Caixabank) pactaron con Luis de Guindos esperar a después de las elecciones antes de acometer la reestructuración financiera con las últimas fusiones y absorciones de entidades medianas.

Ahora, el complejo panorama político y la posibilidad de repetir las elecciones en mayo ha llevado a los presidentes de las entidades bancarias a dejar las operaciones para el año que viene.

El principal reto político sigue siendo Cataluña

En el plano económico se puede destacar un factor no tan negativo. Y es que los Presupuestos Generales para 2016 ya están aprobados, por lo que existe menos urgencia en ese sentido: la situación hubiera sido mucho peor si el bloqueo parlamentario para elegir a un nuevo Gobierno se hubiera producido en la segunda mitad del año, o directamente en otoño, lo que hubiera impedido aprobar a tiempo unas cuentas para el próximo año.

La cuestión política más importante a la que se enfrentará el próximo ejecutivo, sea del color político (o colores, más bien) que sea, es el independentismo catalán. Aunque haya declaraciones contradictorias, la elección de Carles Puigdemont facilitó el camino a los partidarios de la secesión de Cataluña, aunque el nuevo presidente de la Generalitat también ha descartado una declaración unilateral de independencia y al mismo tiempo ha puesto en tela de juicio ese plazo de 18 meses para conseguir el “estado propio”.

En cualquier caso, el acuerdo que PP, PSOE y Ciudadanos mantienen sobre este asunto, en el sentido de no permitir de ninguna manera una ruptura de la unidad nacional, permite prever que sea cual sea el acuerdo de Gobierno que se termine fraguando, una amplísima mayoría de las Cortes -en torno a los 250 de 350 diputados- se mantiene firme en no aceptar la hoja de ruta hacia la independencia de Cataluña.

Por otro lado, la indefinición política puede frenar la proyección exterior de España. No cabe duda de que un Gobierno en funciones tiene menos presencia y menos actividad en la esfera internacional, al mismo tiempo que otros países y actores de la escena mundial están expectantes ante la llegada del nuevo presidente.

En ese sentido, si la situación de inestabilidad se prolonga mucho tiempo, se podría echar a perder una oportunidad tan importante como la presencia de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro país ocupa un asiento como miembro no permanente, pero el período es sólo de dos años 2015 y 2016, por lo que a poco que pase el tiempo habrá desaprovechado esta elección para llevar asuntos de interés para la política española, desde el contencioso de Gibraltar hasta la descolonización del Sáhara Occidental.

No hay más que mirar el caso de Italia para aceptar que es posible que un país continúe adelante sin un Gobierno electo al frente. También está ahí el ejemplo de Bélgica: en este estado también habituado a la inestabilidad, en 2010 y 2011 el gobierno estuvo en funciones más de un año por la imposibilidad de llegar a un acuerdo tras las elecciones. A pesar de ello, el Producto Interior Bruto mejoró en esa etapa, el déficit público se redujo y el paro bajó. Todo parece, por tanto, acostumbrarse y saber adaptarse a que el país funcione sin Gobierno.