La falta de apoyos del Gobierno para aprobar la nueva ley sobre derechos de autor pone en riesgo la vuelta de Google News

La mala experiencia del Ejecutivo con sus socios por la reforma laboral aconsejan posponer cualquier debate para someter a votación nuevos proyectos de ley

Google

El pasado mes de noviembre se confirmó la reapertura en España del servicio Google News y se aventuró una fecha: “principios del próximo año”, 2022. Esta decisión vino precedida del Real Decreto aprobado por el Gobierno que transponía la Directiva europea sobre Derechos de Autor.

Esta iniciativa iba a poner fin, se dijo, al cierre del servicio de Google que dura más de ocho años por la legislación local. La actual normativa de Propiedad Intelectual, todavía vigente, obliga a que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos y no permite hacerlo directamente y de manera individual, una condición que exige el gigante tecnológico Google para volver a habilitar su agregador de noticias Google News.

Con el cambio que impulsa el Gobierno para adaptar a España la normativa europea de derechos de autor se va a permitir gestionara cada editor y titular de derechos esas cesiones mediante negociación directa o recurriendo a una entidad colectiva, pero de forma voluntaria y no obligatoria, como se está realizando con CEDRO en la actualidad.

En los últimos meses del año 2021, Google ha estado negociando con varias empresas de comunicación. Según ha podido saber Confidencial Digital, la multinacional ya ha cerrado acuerdos con varias decenas de medios para la implantación de Google News Showcase, aunque todavía faltan algunos detalles por concretar.

Se trata de un programa de licencia de contenidos a través del cual Google pagará a los creadores que deberán seleccionar los artículos periodísticos que deseen incluir en las historias de Google News y Discover.

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Falta de apoyos

Sin embargo, todo esto está supeditado a la aprobación de la nueva legislación sobre derechos de autor citada más arriba, que, según decidió el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre, ha pasado a tramitarse como proyecto de ley. Hasta que reciba el visto bueno de la Cámara Baja, toda la negociación de Google y los medios es papel mojado.

Según las fuentes consultadas por ECD, el trámite va para largo y la aprobación va a llevar más tiempo de lo previsto. El motivo: el amargo precedente de la negociación del Gobierno y sus socios para la convalidación del decreto ley sobre el nuevo marco de relaciones laborales pactado por la coalición y los agentes sociales.

La nueva normativa laboral salió adelante ‘in extremis’, por un solo voto, el pasado día 3 de febrero, gracias al apoyo de Ciudadanos y de varias formaciones minoritarias, al error de un diputado del Partido Popular y sin la mayoría de los aliados de la investidura.

A los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE (con 120 parlamentarios) y Unidas Podemos (que tiene 34 porque aún no ha sustituido el escaño de Alberto Rodríguez tras ser suspendido), se sumaron nueve votos de Ciudadanos, cuatro del PDeCat, dos de Más País, uno de Compromís y Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. En total, los ‘síes’ sumaron 175 votos.

En el bando del ‘no’ se contaron los 88 diputados del PP, Vox (52), los tres principales socios de la investidura del Ejecutivo –ERC (con 13 escaños), PNV (seis) y EH Bildu (cinco)–, además de Junts (cuatro), la CUP (dos), BNG y Foro, con un representante cada uno. A todo esto hubo que sumar el voto de Pablo Cambronero, parlamentario díscolo de Ciudadanos que dejó el partido pero sigue como diputado en el Grupo Mixto. Y los de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, de UPN, que cambiaron su voto en el último momento. En conjunto hubo un total de 174 ‘noes’.

Evitar el desgaste de una derrota en el Congreso

Este escenario de incertidumbre aconseja ahora al Gobierno medir mucho las veces que pone a prueba a sus socios y supuestos aliados con votaciones en el Congreso, si no quiere salir derrotado políticamente y tener que asumir ese desgaste ante la opinión pública.

Por ello, la aprobación definitiva de esa ley de derechos de autor que daría paso a la implantación de Google News Showcase, con sus correspondientes pagos a los editores españoles, se puede posponer varios meses. No se descarta incluso que se alargue hasta 2023.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con fuentes oficiales del Ministerio de Cultura. Aclaran que el “Ministerio ha hecho la transposición de la directiva europea y ha elaborado la ley”, pero que los plazos del Congreso “ya no dependen del Ministerio sino de los grupos parlamentarios”.

Directivos del ministerio que lidera Miquel Iceta confirman que el texto “está en el Congreso” y que su tramitación se decidirá como Proyecto de Ley, tal y como decidieron “por unanimidad todos los grupos”.

Esta ley, conocida popularmente como Ley Iceta, es la transposición al derecho español de la Directiva (UE) 2019/789. Esta iniciativa establece también normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiofusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.