Vox rompe con el PP en Valencia y tumba la Zona de Bajas Emisiones
Compromís y el PSOE también han rechazado la propuesta y la ciudad podría perder 115 millones de euros de los Fondos Europeos
- Qué es la Zona de Bajas Emisiones y a quién afectaba
- Aplicación limitada hasta 2026
- Vox se desmarca: “Atenta contra la libertad de movimiento”
- El PP se queda solo y teme perder fondos europeos
- Compromís pide la dimisión del concejal de Movilidad
- El PSPV acusa al PP de bloquear una solución pactada
- Una negociación frustrada en el último minuto
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de València ha votado este martes en contra de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa impulsada por el equipo de gobierno que comparte con el Partido Popular y que debía entrar en vigor el próximo 1 de diciembre. El rechazo de la formación de ultraderecha ha dejado al PP completamente solo en la votación, al sumar también el voto en contra de los grupos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE.
Qué es la Zona de Bajas Emisiones y a quién afectaba
La ordenanza pretendía responder a la obligación legal impuesta por la Ley de Cambio Climático de 2021, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer una Zona de Bajas Emisiones para reducir la contaminación atmosférica. En el caso de València, la norma habría restringido progresivamente el acceso a determinadas áreas de la ciudad a los vehículos más contaminantes.
Aplicación limitada hasta 2026
Según el texto presentado por el área de Movilidad, dirigida por el concejal del PP Jesús Carbonell, la medida afectaría inicialmente —hasta diciembre de 2026— únicamente a los vehículos sin etiqueta ambiental (A) matriculados fuera de la provincia de València. Es decir, a coches de gasolina anteriores a 2001 y diésel matriculados antes de 2006.
Los vehículos de residentes en València no iban a verse afectados hasta enero de 2028, lo que generó duras críticas de la oposición, que calificó la ordenanza como “suave, ineficaz y de mínimos”.
Vox se desmarca: “Atenta contra la libertad de movimiento”
El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, justificó el voto en contra argumentando que la ZBE supone “una imposición ideológica” derivada de las políticas climáticas impulsadas por Bruselas y por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Defendemos la libertad de movimiento de los valencianos. Esta ordenanza obedece a una agenda política globalista que perjudica a las clases trabajadoras”, declaró en el pleno.
El posicionamiento supone un giro respecto a la postura que Vox mantuvo hace apenas una semana en la Comisión de Patrimonio Municipal, donde votó a favor del dictamen de la ordenanza junto al PP. Esa aparente unidad de gobierno saltó por los aires en el pleno de este martes, evidenciando tensiones internas en el ejecutivo municipal.
El PP se queda solo y teme perder fondos europeos
El PP, encabezado por la alcaldesa María José Catalá, quedó como único grupo defensor de la ZBE. El concejal Jesús Carbonell, responsable del proyecto, lamentó el cambio de postura de su socio de gobierno y advirtió de los riesgos económicos de tumbarlo: la ciudad podría perder más de 115 millones de euros en fondos Next Generation destinados a movilidad sostenible y lucha contra la contaminación.
Carbonell acusó tanto a Vox como a la oposición de “irresponsabilidad” y afirmó que el Ayuntamiento “corre ahora el riesgo real de tener que devolver ayudas ya concedidas y de enfrentarse a sanciones europeas”.
Compromís pide la dimisión del concejal de Movilidad
La portavoz de Compromís, Papi Robles, cargó duramente contra la alcaldesa y su gobierno:
“El pacto con negacionistas le ha salido muy caro a València. Este ridículo internacional no solo daña la imagen de la ciudad, también su salud y su economía”.
Robles reclamó la dimisión inmediata de Jesús Carbonell y exigió a Catalá que “rompa su pacto con la extrema derecha”. Al mismo tiempo, se mostró dispuesta a negociar una nueva ordenanza “más ambiciosa” para combatir la contaminación.
El PSPV acusa al PP de bloquear una solución pactada
El portavoz socialista, Borja Sanjuán, también criticó al gobierno local:
“La incapacidad política de Catalá está a punto de costarle a València más de 115 millones de euros. Se negaron a negociar y ahora quieren responsabilizar a otros”.
El PSPV asegura haber ofrecido una alternativa para aprobar una ZBE “realista y eficaz”, ajustando los plazos y ampliando el perímetro, pero denuncia que el PP rechazó cualquier acuerdo.
Una negociación frustrada en el último minuto
Durante el pleno, y ante la evidente ruptura del acuerdo con Vox, Jesús Carbonell llegó a aceptar la propuesta conjunta de Compromís y PSPV para ampliar el perímetro de la ZBE a toda la ciudad, en vez de limitarlo como establecía la propuesta inicial. Sin embargo, la maniobra llegó tarde: el pleno rechazó hacer una pausa para negociar cambios, y la votación se llevó a cabo sin modificaciones. El resultado: la ordenanza cayó definitivamente.
