El Gobierno abre proceso para ilegalizar la Fundación Franco y esta se defiende: “Ahora es el ‘francomodín’”
El Ministerio de Urtasun ha notificado a la fundación el inicio de un expediente de extinción por incumplimiento de la ley de memoria democrática; la entidad presentará alegaciones
- Cronología del proceso
- Motivos del Gobierno para pedir la extinción
- Postura de la fundación
- "Resolución tan carente de fundamento jurídico"
- Informe a la Abogacía General del Estado
- Ley de Memoria Democrática en España
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha notificado formalmente a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) el acuerdo de inicio del procedimiento previo para su ilegalización y extinción judicial ante los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Según el comunicado, ese acuerdo incluye la apertura de un plazo de alegaciones de 10 días hábiles para que la fundación pueda presentar documentación, seguido por un periodo de prueba, antes de elevar el expediente a jurisdicción civil.
Cronología del proceso
En junio de 2024, el Ministerio de Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para recabar información e informes sobre la FNFF con vistas a una posible extinción. A lo largo de 2024 y 2025 se solicitaron informes al Registro de Fundaciones de competencia estatal, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Abogacía General del Estado. Finalmente, este viernes 31 de octubre de 2025, se ha notificado a la FNFF el inicio formal del trámite de extinción.
Según el ministro Urtasun, todo el proceso —desde esta notificación hasta la elevación al juez— no debería demorar más de nueve meses, aunque dependerá de la estrategia de la fundación.
Motivos del Gobierno para pedir la extinción
El ministerio argumenta dos causas principales:
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Que la FNFF no persigue fines de interés general, tal como exige la Ley 50/2002 de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática de 2022.
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Que la entidad hace apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, y menosprecia o humilla la dignidad de las víctimas de ese periodo.
En sus declaraciones, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que la FNFF “no persigue el interés general, por enaltecimiento del golpe de Estado y por, particularmente, la humillación de las víctimas”.
Urtasun ha añadido que “hay un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron y muchas veces … reescribe responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian”.
Así mismo, ha afirmado también que el expediente es jurídicamente “sólido” y que el Ministerio será “estrictamente escrupuloso” en el cumplimiento de la ley de memoria democrática.
Postura de la fundación
La FNFF ha anunciado que hará uso del plazo de alegaciones y presentará sus argumentos ante el expediente.
Según declaraciones a Europa Press de su presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega, la fundación considera que la resolución “parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos”.
Chicharro ha añadido que “Ahora es el ‘francomodín’. Bueno, pues a la palestra” al referirse a lo que considera una utilización política de la fundación.
Asimismo, la entidad defiende que “la Constitución española garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión” y que los estatutos han sido modificados “en dos ocasiones” para adaptarse a la normativa.
"Resolución tan carente de fundamento jurídico"
En un comunicado, la Fundación concluye: "Estamos en el mes de noviembre, próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco y sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción. Sólo en ese contexto debe enmarcarse una Resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles que ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones de españoles que bajo el mandato de Francisco Franco habían decidido, con esfuerzo, trabajo e ilusión, construir sobre las cenizas del odio, un futuro de bienestar, concordia y esperanza para todos los españoles".
Informe a la Abogacía General del Estado
Una vez cerrado el plazo de alegaciones y prueba, el Ministerio de Cultura solicitará un informe a la Abogacía General del Estado y el titular del ministerio firmará una nueva resolución para elevar el asunto al juez.
El expediente será presentado al juez para instar la extinción de la fundación. Fuentes de Cultura estiman que llegar al juez podría tardar al menos nueve meses.
También se contempla la solicitud de medidas cautelares para que la fundación no pueda manipular o destruir su archivo histórico, así como para asegurar la custodia de documentos de “naturaleza pública”.
Ley de Memoria Democrática en España
El inicio de este procedimiento marca un paso relevante en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en España, y plantea varias implicaciones. Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno busca combinar las leyes de fundaciones con la normativa de memoria democrática para argumentar que la continuidad de la FNFF es incompatible con el ordenamiento.
Desde el punto de vista simbólico, la decisión refleja que el Ejecutivo considera que la existencia de una fundación que defienda o exalte la dictadura franquista constituye una anomalía en el marco democrático actual.
Por otra parte, en el ámbito político, la fundación acusa al Gobierno de instrumentalizarla como un “francomodín” para desviar la atención de otros asuntos y acusa al Gobierno de usarla como cortina de humo; desde la Administración, en cambio, se sostiene que no se trata de una maniobra política sino del cumplimiento de la ley.
El proceso no está exento de complejidades: la fundación puede presentar alegaciones, los estatutos pueden estar siendo modificados, y la vía judicial puede prolongarse, lo que deja abierto el desenlace y la duración del procedimiento.
