Anboto y la “desmemoria democrática”
Condenada a 122 años de prisión por el asesinato de Luciano Cortizo, comandante del Ejército de Tierra (1995); 50 años por el tiroteo contra los policías que vigilaban las oficinas del DNI en Bilbao: un agente muerto, el otro tetrapléjico (1995); 70 años y 8 meses por el asesinato de dos policías en Vitoria durante las fiestas de la Virgen Blanca (1987); 11 años por la colación de una bomba junto a un banco de Getxo (Bizkaia) que no causó víctimas (1994); 39 años por el asesinato de Estanislao Galíndez, cartero de Amurrio, al que la banda consideraba confidente; 15 años por ordenar acabar con la vida del rey Juan Carlos I con ocasión de la inauguración del Guggenheim de Bilbao (1997); 46 años por colocar una bomba trampa en un bar de Escoriaza (Gipuzkoa) (1987); 15 años por el ataque al palacio de Justicia de Amurrio, que no dejó víctimas mortales (1996).
Y esos son los asuntos que se han sustanciado ya en los tribunales, porque sigue teniendo pendiente otras causas por terrorismo.
Es la etarra Soledad Iparaguirre, alias Anboto, que ostenta el triste récord ser la mujer con más asesinatos en la banda vasca. Formó parte de la dirección, y el 3 de mayo de 2018 se encargó, junto a Josu Urrutikoetxea, de poner la voz al comunicado final con el que la organización terrorista anunciaba su disolución
Anboto ha vuelto a ser noticia porque ha sido condenada a otros 425 años de cárcel por el coche bomba colocado en 1985 cerca del estadio de Mendizorroza. Había sido absuelta, pero el Supremo ordenó repetir el juicio y que se tuvieran en cuenta las huellas encontradas en el vehículo, que correspondían a Anboto. Ella condujo el coche.
Así pues, Soledad Iparaguirre va a sumar, por ahora, más de ochocientos años de condena firme por todos esos asesinatos. Pero solamente cumplirá, como máximo, treinta años.
Y ella es uno de los doscientos presos etarras que Arnaldo Otegi quiere poner en la calle a cambio de su apoyo a los Presupuestos del Gobierno.
Unos presos que ya se encuentran, en su mayoría, ubicados en cárceles del País Vasco, cuya competencia corresponde a las autoridades nacionalistas, merced a la buena disposición del Gobierno de la nación, en correspondencia a los favores en el Congreso de los Diputados, donde el PNV es uno de los componentes principales de la actual mayoría.
Con las prisiones transferidas, la política penitenciaria del Gobierno Vasco está siendo criticada por la inusual facilidad y rapidez con que concede a los etarras beneficios penitenciarios.
Un dato: acaba de revocarse el tercer grado concedido al etarra Atristain. Ha tenido que regresar a la cárcel después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria haya estimado el recurso interpuesto por la fiscalía contra el tercer grado concedido por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
El sangriento currículo de Anboto, lo mismo que el balance del terrorismo etarra, con 3.500 atentados, 853 asesinatos y más de 7000 víctimas, empiezan a desdibujarse, por voluntad de quienes dirigen la política. Aquí y allí.
Y, sin embargo, se trata de sucesos que han ocurrido hace treinta-cuarenta años, no hace noventa. Para esto, en lugar de ley de memoria democrática, lo que existe es una voluntad de “desmemoria democrática”. Así, hasta que nadie se acuerde de nada. Como si Anboto no hubiera existido.
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