Europa contradice al Gobierno: el duro informe que señala la 'okupación' como un problema real
Exigen "mecanismos rápidos" de desalojo y medidas para proteger a los pequeños propietarios
- Protección al pequeño propietario y al pensionista
- Medidas urgentes para el acceso de los jóvenes
- El rechazo al intervencionismo de precios
El Parlamento Europeo ha marcado un punto de inflexión en la política de vivienda comunitaria. La comisión dedicada a la crisis inmobiliaria de la UE ha identificado la ocupación ilegal como un problema estructural que afecta a "toda Europa" y ha solicitado formalmente a los Estados miembros la creación de mecanismos jurídicos rápidos y eficacespara que los propietarios recuperen sus viviendas de forma inmediata.
El informe, que cuenta con el consenso de populares, socialistas y liberales, condena enérgicamente este fenómeno y pide incluso la intervención de Europol cuando existan sospechas de que detrás de las ocupaciones hay delincuencia organizada.
Protección al pequeño propietario y al pensionista
A diferencia de las tesis mantenidas por parte del Ejecutivo español, Bruselas pone el foco en la seguridad jurídica de los dueños.
El Europarlamento hace una mención especial a los pequeños propietarios, señalando que muchos de ellos, como los pensionistas, dependen de los ingresos del alquiler para su subsistencia. Por ello, instan a proteger el "derecho fundamental a la propiedad" frente a cualquier tipo de usurpación.
Medidas urgentes para el acceso de los jóvenes
La crisis de la vivienda golpea con especial dureza a las nuevas generaciones: en 2023, la edad media de emancipación en la UE se situó en los 26,3 años. Para revertir esta situación, el informe propone:
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Hipotecas baratas y facilidades de crédito para la compra de la primera vivienda.
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Incentivos fiscales, como la reducción de impuestos directos en la adquisición de inmuebles.
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Simplificación normativa para agilizar los permisos de construcción y aumentar la oferta de suelo.
El rechazo al intervencionismo de precios
El documento, cuyo ponente es el eurodiputado español Borja Giménez, se aleja de las medidas intervencionistas. El texto no incluye propuestas para el control de precios de los alquileres, una postura que contrasta con las peticiones del Gobierno de España en las cumbres europeas.
Según el Parlamento, la solución real pasa por reducir la "fiscalidad excesiva" (que llega al 30% en algunos casos) y racionalizar las normas que actualmente ralentizan la creación de nueva vivienda en todo el continente.
