Administrativando Abogados recurre ante los juzgados por la igualdad en el acceso a plazas en la Administración catalana
La firma lidera la defensa de más de sesenta funcionarios que denuncian discriminación en los concursos de méritos convocados por la Generalitat
En un contexto de creciente judicialización de los procesos de selección y promoción interna en el empleo público, la firma Administrativando Abogados ha presentado una batería de recursos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona contra las resoluciones PRE/2224/2025 y PRE/909/2025, dictadas por la Generalitat de Catalunya. Las normas impugnadas regulan los concursos de méritos para cubrir plazas en los cuerpos de Auxiliar Administrativa y Gestión de Administración General, y según los demandantes, vulneran principios constitucionales de igualdad y legalidad en la función pública.
El núcleo de la controversia reside en la aplicación de la Ley 8/2023, diseñada para reducir la temporalidad estructuralen el empleo público catalán. Los recurrentes, representados por Administrativando Abogados, sostienen que la Generalitat ha interpretado de forma restrictiva la normativa, excluyendo de la fase preferente del concurso a funcionarios que accedieron por vías legítimas de promoción interna, y omitido vacantes reales en las convocatorias, muchas de ellas ocupadas provisionalmente por los propios afectados.
Las demandas denuncian que las bases impugnadas favorecen exclusivamente a quienes ya pertenecían al cuerpo antes de la última estabilización, en contra de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2023, que garantiza la equiparación de derechos entre todos los funcionarios de carrera previos, sin distinción por cuerpo o especialidad. Esta diferencia de trato, afirman, constituye una discriminación prohibida por la Constitución Española y por los tratados internacionales de protección de derechos fundamentales.
El procedimiento, que solicita la suspensión cautelar de los efectos de las resoluciones impugnadas, busca evitar que se consume el reparto definitivo de plazas antes de que se resuelva el fondo del litigio. “Permitir que se perpetúe la presunta desigualdad en la adjudicación de plazas supone un paso atrás en la consolidación de una función pública moderna, meritocrática y cohesionada”, ha declarado Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados.
Los recursos se apoyan en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española, y podrían sentar jurisprudencia para miles de empleados públicos en situación equivalente dentro y fuera de Cataluña. Por su naturaleza, los procedimientos seguirán una tramitación abreviada, y se espera que el fallo tenga un impacto estructural en la gestión del personal público autonómico.
