La jueza que investiga la DANA exige a Emergencias explicar su actuación durante la riada de 2023
La magistrada descarta nuevas diligencias solicitadas por acusaciones y limita el foco a responsabilidades regionales
- Rechazada la declaración de una exconsellera
- La responsabilidad de gestión fue autonómica, recuerda el juzgado
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha emitido un auto en el que solicita a la Conselleria de Emergencias un informe detallado sobre las medidas preventivas aplicadas durante la DANA de septiembre de 2023. La decisión responde a una petición de una acusación popular que busca establecer paralelismos con la gestión de la DANA de octubre del mismo año, en la que murieron 228 personas.
La magistrada considera que existe “similitud, cercanía temporal y riesgo” suficiente entre ambos episodios meteorológicos extremos para justificar esta nueva diligencia. Recuerda que ambos eventos motivaron la activación del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado.
Rechazada la declaración de una exconsellera
En el mismo auto, el juzgado ha rechazado la solicitud para que comparezca como testigo la exconsellera de Justicia e Interior, Elisa N.S., quien se había pronunciado públicamente sobre la gestión de las emergencias. La juez argumenta que las declaraciones realizadas por la exresponsable autonómica en una entrevista de prensa no justifican su citación judicial, ya que no aportan valor probatorio directo al caso.
En un segundo auto, también ha denegado la solicitud de una acusación particular para requerir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su diario de operaciones de los días 28, 29 y 30 de octubre. Según la resolución, la actuación de la UME “no está en entredicho” y obtener más detalles sobre sus intervenciones “no contribuye de forma relevante” a la investigación actual.
La responsabilidad de gestión fue autonómica, recuerda el juzgado
La jueza ha vuelto a subrayar que el mando único durante la emergencia provocada por la DANA del 29 de octubre de 2023 era competencia exclusiva de las autoridades autonómicas. Esta interpretación ya fue confirmada por la Audiencia Provincial en una apelación anterior.
Además, en un tercer auto, la instructora también ha denegado otras diligencias solicitadas, como el acceso completo a registros y comunicaciones del 29 de octubre entre la Conselleria de Emergencias y el Centro de Coordinación de Emergencias. Argumenta que esas solicitudes no cumplen con los requisitos de relevancia procesal necesarios para continuar la instrucción.
