Cáritas recuerda: si no se marca alguna casilla del IRPF, Hacienda lo destinará a otras partidas La organización caritativa pide a los contribuyentes que el 1,4% de sus impuestos se destinen a la Iglesia y también, a otros fines Sociales 16.597 personas consiguieron un trabajo en 2016 gracias a Cáritas Experta financiera: el actual patrimonio de la Iglesia permitiría autofinanciarse El rey agradece a la Iglesia haber aumentado más de un 70% su actividad asistencial durante la crisis
El rey agradece a la Iglesia haber aumentado más de un 70% su actividad asistencial durante la crisis
Cinco millones de personas fueron atendidas en los más de 9.000 centros católicos gracias a la X del IRPF La Conferencia Episcopal presenta la Memoria de actividades del 2014. El 35% de las declaraciones apoya a la Iglesia ¿Sabe la sociedad para qué sirve la Conferencia Episcopal? Un congreso debatirá su eficacia Las asociaciones y fundaciones religiosas deberán rendir cuentas de su actividad económica La Iglesia explica que su actividad es “un buen negocio” para España
Los castellano-manchegos son generosos con la Iglesia al margen del gobierno PSOE-Podemos El arzobispado de Toledo explica por qué esa comunidad autónoma es la que más marca la casilla en la declaración de la renta Pedro Caballero, nuevo presidente de CONCAPA, se enfrenta a “dos serios problemas: defender la concertada y la religión” Madrid, Toledo y Valencia, las diócesis donde se ordenan más sacerdotes
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La Iglesia española refuerza un nuevo plan de transparencia económica Ha encargado a una auditoría externa un estudio sobre el impacto económico que tiene la actividad eclesiástica en la sociedad: patrimonio, acción social y actividad celebrativa Gil Tamayo: “La escuela concertada es un derecho constitucional y ahorra al Estado 2.850 millones de euros” Ante la nueva situación política, separación Iglesia-Estado sí, pero Iglesia-sociedad, no La Conferencia Episcopal aumenta cada año la aportación a Cáritas desde el comienzo de la crisis
Gil Tamayo: “La escuela concertada es un derecho constitucional y ahorra al Estado 2.850 millones de euros”
