Si Puigdemont es extraditado: declaración ante Llarena e ingreso en prisión

El Tribunal Supremo se muestra escéptico ante la posibilidad de que la Justicia italiana llegue hasta el final con la Orden Europea de Detención (ODE) que pesa sobre Carles Puigdemont y entregue al ex president a las autoridades españolas. Por, si es así, de entrada ingresaría en Soto del Real.

El debate jurídico en torno a la situación penal de Puigdemont no solo compete al Supremo sino que también afecta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por asuntos pendientes de resolver lo que hará el proceso de decisión largo y enrevesado. 

Procedimiento simplificado

Confidencial Digital ha consultado con fuentes competentes cuál sería el proceso a seguir en caso de que, finalmente, el líder del independentismo fuera extraditado a España. 

En primer lugar, el concepto de extradición no es correcto, según fuentes jurídicas. Antes, este procedimiento era mucho más largo dentro de los países miembros, porque tenía un componente de decisión con tintes políticos. Así sucedió, por ejemplo, con la petición del juez Baltasar Garzón para traer a España al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Inglaterra negó dicha solicitud con argumentos que tenían sustento más político que legal.

A partir de 2004 el procedimiento cambió. Las Órdenes Europeas de Detención han simplificado el procedimiento, lo han hecho más técnico y es casi un automatismo. 

Vigencia de la orden de detención

De esta forma, hay pocas dudas de que Puigdemont debería ser entregado a España en el caso de que la orden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena esté vigente.

El nudo de la cuestión se centra en su condición de europarlamentario, y en una resolución del Tribunal General de la Unión Europea del pasado 30 de julio. A Puigdemont se le retiró la inmunidad, pero los argumentos que utilizaron los magistrados destacaron el escaso riesgo de detención existente. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente resolver una cuestión perjudicial que planteó Llarena, sobre la interpretación que hizo Bélgica de la directiva de las euroórdenes cuando rechazó la entrega del exconsejero catalán Lluis Puig. 

El tribunal europeo entendió que, hasta que esto se resolviera, no era necesario que Puigdemont siguiera teniendo la inmunidad, dadas las bajas probabilidades de una detención, por lo cual rechazó el recurso pidiendo medidas cautelares. 

Primer paso en España: declarar ante Llarena 

La decisión ahora dependerá de la interpretación que el juez Italiano haga sobre este asunto. 

En el hipotético caso de que se dictaminara su devolución a España, Puigdemont tendría que ser custodiado por agentes españoles hasta Madrid. El camino sería directo hasta la sede del Tribunal Supremo, donde quedaría a disposición de Pablo Llarena. 

Este magistrado fue el que realizó toda la instrucción del ‘procés’ desde que comenzó el recorrido judicial en 2017. Fue también quien envió a prisión preventiva a todos los políticos posteriormente condenados y es quien ha planteado la cuestión prejudicial ante el TJUE. 

El ex president nunca llegó a declarar ante el magistrado porque se fugó de España en octubre de 2017. Lo hizo ante un juez en Bruselas, en noviembre de ese año, que le dejó en libertad con cargos junto al resto de consellers huidos: Toni Comín, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Lluis Puig. 

Fuentes jurídicas explican, en esta línea, que Llarena tomaría declaración antes que nada al fugado y le notificaría el proceso judicial que empieza. 

Cárcel preventiva 

Llarena tendría que decidir sobre las medidas cautelares que imponer al ex president. Las fuentes consultadas señalan que, con toda probabilidad, lo enviaría a prisión preventiva por dos razones. La primera, y la de más peso, por riesgo de fuga, que en su caso no sería una especulación, puesto que hay antecedentes claros para acordar esta cautelar. Ante este escenario, “lo más razonable es pensar que se iría a prisión”, dicen estas fuentes. 

La segunda de las razones se basa en que es lo que se hizo con el resto de responsables de los hechos del 1-O. Tanto Oriol Junqueras como los demás imputados fueron enviados a distintas cárceles de Madrid a la espera del juicio. Sería un agravio comparativo que una persona investigada en el marco del mismo proceso no terminara de la misma forma. 

La prisión más probable, si esto sucediera, sería el ingreso en la prisión de Soto del Real, según fuentes de Interior. Esta cárcel madrileña es la que más presos preventivos tiene, por su cercanía a todos los órganos judiciales y también por sus dimensiones. 

No obstante, Llarena puede imponer en el auto una prisión concreta -algo no muy común- o se puede acordar algún otro centro penitenciario más lejano, por motivos de seguridad. 

Juicio oral cercano

Aunque el proceso con Puigdemont debería empezar de cero, las fuentes consultadas indican que no se dilataría tanto como el anterior juicio del ‘procés’, precisamente porque este precedente existe. 

Sobre si el Supremo sería competente para enjuiciarle, al igual que lo hizo en el anterior procedimiento, los consultados en el alto tribunal indican que “en principio sí” se haría en la misma sede. 

El tribunal también sería el mismo, con la salvedad de que el magistrado Luciano Varela se jubiló el pasado 2020. 

Debería delimitarse bien la responsabilidad del ex president en todo el recorrido hasta la declaración de independencia, es decir, cuál fue su participación exacta. Las diligencias versarían en torno a qué capacidad tuvo él en la toma de decisiones, pero se parte ya de unos hechos probados que el propio tribunal examinó y juzgó. 

Además, descartada la vía de la rebelión, los hechos investigados quedarían acotados a la sedición y la malversación de caudales públicos. En ese sentido, las fuentes consultadas hablan de un proceso más corto que el de sus compañeros independentistas. 

El indulto al final del camino

El camino de Puigdemont seguiría los pasos de Junqueras, por ejemplo, y como tal podría terminar en un indulto. Los expertos en derecho con los que ECD ha hablado exponen que no es viable un indulto previo a la condena, por lo que primero sería necesaria una sentencia. 

En contra del ex president juega el tiempo. Por mucho que el juicio oral no se dilate, los plazos del Supremo no son rápidos, y nadie descarta un año o año y pico de investigación y enjuiciamiento. Por lo que un cambio de Gobierno podría suponer una opción distinta al indulto. 

“Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo”, dijo este viernes sobre la detención de Puigdemont el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, que instó a que compareciera ante la Justicia, tendió la mano al diálogo, mostrándose así fiel a su política de los indultos. Pero poco se puede prever sobre cómo terminaría todo este proceso si por medio hubiera una elecciones generales y cambio de Gobierno.