Bildu pacta con Pedro Sánchez transferir las competencias de la Guardia Civil de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo: los presupuestos Generales salen adelante

22 de noviembre de 2022: Pedro Sánchez cede ante Bildu: retira a la Guardia Civil de tráfico de Navarra y blinda los Presupuestos

EH Bildu ha confirmado este martes el apoyo de sus cinco diputados al proyecto presupuestario de 2023, que suma así los 174 votos que garantizan su aprobación en el Congreso por mayoría simple para su paso al Senado.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha explicado en rueda de prensa que el acuerdo cerrado con el Gobierno incluye extender a diciembre de 2023 la limitación en la subida de los alquileres y el aumento de las pensiones no contributivas, así como transferir la competencia de tráfico a Navarra antes del 31 de marzo de 2023, entre otros compromisos.

Con el apoyo de EH Bildu, los Presupuestos tienen ya 174 votos asegurados: PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1).

Estos 174 votos garantizan la aprobación de las cuentas, que solo necesitan mayoría simple (más síes que noes), ya que el escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez continúa vacío y BNG ha anunciado su abstención. Aún así, todo apunta a que la negociación con ERC (13) también concluirá con su apoyo.

Aizpurua ha explicado que se ha pactado transferir la competencia de tráfico a Navarra antes del 31 de marzo de 2023.

Además, ha indicado que otra de las medidas recogidas en el acuerdo prevé prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación de la subida del alquiler al 2 %, que se incorporará al real decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que se aprobará a final de año.

Asimismo, también se incluirá en ese real decreto la prórroga hasta el cierre de 2023 del aumento del 15 % de las pensiones no contributivas, que según la diputada supone mantener una subida media de 70 euros mensuales para este colectivo.

Entre las medidas presupuestarias del acuerdo, figura una dotación de 12 millones adicionales para los afectados por la Talidomida, 2 millones para sumar 200 plazas MIR adicionales o varios proyectos de transición ecológica, como el plan de recuperación del embalse de Ibiur o la creación de la planta de tratamiento de biorresiduo de Asparrena (Álava).

También se ha acordado dotar la creación del Memorial de las Víctimas del 3 de marzo o excavar el monte Irulegi, la digitalización de las radios en euskera, la promoción del circo en euskera o la investigación de la energía marina en la Universidad del País Vasco.

Por otra parte, la diputada ha anunciado que en la jornada de este miércoles se darán detalles sobre un segundo paquete de inversiones que han acordado con el Ejecutivo y que "irán destinadas a mejorar la vida en pueblos y ciudades" del País Vasco.

Aizpurua ha remarcado que se trata de un "buen acuerdo" que beneficia a "vascos y vascas y también a las clases populares y trabajadoras del Estado", además de que "mejora la vida de la ciudadanía y logra avances sociales y económicos" en beneficio de la gente, aunque ha dejado claro que seguirán trabajando para alcanzar las asignaturas pendientes antes de que acabe la legislatura.

13 de julio de 2022: Aitor Esteban: "Sánchez ha incumplido la trasferencia de tráfico de la Guardia Civil a la Policía de Navarra, es inaceptable".

En la comparecencia del miércoles de Aitor Esteban del PNV, durante el debate del estado de la nación, le ha recitado a Sánchez la lista de incumplimientos, Esteban ha recalcado que ya se han rebasado todos los plazos para los traspasos de competencias al País Vasco y Navarra, unos plazos que el Gobierno puso "unilateralmente".

"Para el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra dijeron seis meses y han pasado más de dos años. Es inaceptable", ha sentenciado, a la vez que le ha reprochado que impulse iniciativas que invaden competencias autonómicas y ha citado la Ley de vivienda.

Ha habido varios cambios de documentación en ese sentido. El último en marzo. El Gobierno central envió una propuesta a Navarra que ha sido rechazada, por lo que la negociación se mantiene abierta, "pero no está encallada". "Es importante que la transferencia se haga en condiciones óptimas para Navarra", ha insistido Chivite.

10 de mayo de 2022: Chivite atribuye los retrasos a la "complejidad técnica" pero afirma que tanto el Gobierno central como el de Navarra tiene "voluntad política" de llevarlo cabo

Chivite ha negado que los aplazamientos se deban dudas de carácter político o competencial en Navarra o en Madrid. Ha defendido que "nunca antes se había llegado tan lejos en la negociación", y que ya se han acordado cuestiones importantes. Es el caso del cronograma, que será progresivo en su implantación, o la gestión de las sanciones, que serán también competencia de Navarra.

El problema, ha asegurado la presidenta, está en el "coste económico" que la competencia tiene para la Comunidad Foral. Dicho de otra forma, cuanto deja de pagar Navarra al Estado por el servicio que actualmente ejerce la Guardia Civil de forma compartida por la Policía Foral, y que pasaría estar en manos del cuerpo autonómico en exclusividad. Harán falta para ello una recursos técnicos y personales. En concreto, 149 nuevos agentes, aunque algunos podrán ser miembros de la Guardia Civil que voluntariamente decidan cambiar de cuerpo, en lo que se conoce como la pasarela.

30 de marzo de 2022: El relevo de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra se vuelve a retrasar por diferencias económicas con el Estado

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, apuntaba en esta fecha que todavía existía diferencias importantes en cuanto al coste económico de la transferencia, cuya firma se había fijado inicialmente para octubre de 2020, pero que desde entonces había quedado estancada.

“En el ámbito técnico y organizativo la transferencia está ya muy orientada y el acuerdo básicamente cerrado en los aspectos que tienen que ver con la propia gestión de la competencia y sus fases de implementación”, señaló el vicepresidente navarro, quien reconocía que las posturas entre el Ejecutivo foral y el Estado todavía “no están cercanas” en cuanto a la parte económica se refiere.

Esto es, la cifra que Navarra se debería descontar del canon que aporta anualmente al Estado por los servicios prestados aplicando el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste presupuestado para las labores que realiza la Guardia Civil de Tráfico en la comunidad foral de forma compartida con la Policía Foral.

15 de diciembre de 2021: La directora de la Guardia civil se pronuncia

Interior "facilitará" la estancia de agentes de la Guardia Civil en Navarra tras el traspaso de competencias de tráfico. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, aseguraba el 15 de diciembre de 2021 que su departamento "facilitaría" que los agentes del Cuerpo que quieran permanecer en Navarra pudieran hacerlo tras el traspaso de competencias en materia de tráfico acordado con la comunidad foral.

Así ha respondía Gámez a la pregunta parlamentaria registrada por la portavoz de Interior de Vox, Macarena Olona, durante la sesión de la Comisión del ramo en el Congreso, en donde se interesaba por la situación laboral de los agentes de la unidad tráfico de la Guardia Civil en esta autonomía.

Gámez explicaba que existía una "interlocución" entre Gobierno y Navarra para realizar la transferencia y apuntaba que el "personal afectado" por esta medida "tendríá la opción de acogerse voluntariamente a la conocida 'pasarela de integración' a la policía foral" que, "estába actualmente en estudio".

Estos agentes, recalcaba Gámez, "podrían optar" por "mantenerse en otras unidades que no fueran de tráfico en Navarra o en el resto de comandancias" o "seguir ejerciendo sus funciones en la especialidad de tráfico a deseo de los afectados en otras comandancias", según se establece en el decreto que recoge el reglamento de destinos de agentes de la Guardia Civil.

Gámez finalizó su intervención en el Congreso, afirmando que a los agentes "se les va a ofrecer" las vías necesarias para que "puedan elegir la opción que más les convengan". "Aquellos que quieran permanecer en la comunidad foral así será, porque desde la Guardia Civil se les va a facilitar", declaró.

Diciembre 2021: No se firma el acuerdo, no hay acuerdo sobre el reparto de gastos

A pesar de lo anunciado en septiembre de 2021, los gobiernos navarro y central no han la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial.

El 1 de diciembre de 2021 era el día marcado en el calendario por ambos ejecutivos para formalizar la cesión a la comunidad foral. Sin embargo, el Gobierno regional ha decidido retrasarla, sin precisar concretamente cuándo se producirá, porque todavía quedan "cuestiones técnicas" por solventar, según explicó el consejero de Interior, Javier Rémirez.

Esas «cuestiones», además de técnicas, son principalmente económicas, según precisaron fuentes autonómicas.

Y es que dirigentes políticos de ambos gobiernos, asesorados por sus técnicos de Hacienda, todavía negocian cuál será la próxima partida que deberá aportar Navarra al Estado por los servicios y funciones que no tiene transferidos, en el marco del Convenio Colectivo de 1990.

El instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre ambos gobiernos, y que se actualiza cada cinco años; la última vez fue en 2015.

Ahora que la cesión implicaría la salida de 173 guardias civiles del sector de Tráfico en Navarra, el Gobierno autonómico trataba de acordar cuánto dejaría de pagar al Estado por el trabajo que actualmente hacen estos agentes.

Aunque, al mismo tiempo, tenía presente que una parte de ellos podría integrarse en otras unidades del Instituto Armado en la comunidad foral y, por tanto, debería seguir pagando esa cuota de agentes.

Una vez se cristalizase el acuerdo entre Navarra y el Gobierno de Pedro Sánchez, los agentes tendrían cuatro opciones. Por un lado, el gobierno autonómico trabaja en una pasarela mediante la cual los guardias civiles podrán integrarse en la Policía Foral. Aunque, según manifiestan fuentes sindicales, la mayoría pretende quedarse en el Cuerpo.

Por otro, según precisó el Ministerio del Interior, los que decidiesen no sumarse al cuerpo autonómico podrían ocupar puestos de trabajo en la misma especialidad o en otra en otras comandancias, es decir, un traslado de región; o bien seguir trabajando en otra unidad de la Guardia Civil en Navarra, de la que formaban parte 1.623 agentes.

Primer paso del Ejecutivo: En la Administración navarra también trabajaban con ese escenario. Aquel en el que los guardias civiles se nieguen a formar parte de la Policía Foral. Lo que irremediablemente les llevaría a convocar una Oferta de Empleo Público (OPE), ya que el cuerpo autonómico no contaba con suficientes efectivos para suplir las vacantes de Tráfico, que no solo se encargaría de la vigilancia en carreteras, sino también del régimen sancionador, la seguridad vial o el capítulo relativo a las autoescuelas.

"El Gobierno está calculando la aportación al Estado con todas estas variables. Están surgiendo algunas diferencias de criterios entre ambas partes en la negociación. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo navarro está sostenido por muchos partidos", revelaron fuentes regionales en su momento.

La Asociación Unificada de Guardias civiles (AUGC), además, denunció la "actitud negligente" del Ministerio del Interior por no "poner fin a la incertidumbre que padecen los guardias civiles de Tráfico en Navarra", en una rueda de prensa en Pamplona.

Los agentes, según criticaba la AUGC, desconocían en ese momento cuál iba a ser su situación profesional a partir de la firma del acuerdo.

Por este motivo, la asociación de guardias solicitaba al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que pusiera en marcha una mesa de diálogo para ofrecer información y poder encauzar, a través de los representantes de los agentes, las condiciones profesionales y retributivas en caso de habilitarse una pasarela para su ingreso en la Policía Foral, o si, por contra, deciden trabajar en otra unidad del Instituto Armado.

Octubre de 2021: El gobierno Foral de Navarra desliza el mensaje que “La Guardia Civil iba a permanecer en Navarra”

La pérdida de la titularidad de Tráfico por parte del Estado no debería suponer una salida de la Guardia Civil de Navarra.

El Gobierno autonómico afirmaba que, de hecho, tan solo un 12% del total de agentes del instituto armado que operaban en la comunidad foral se encargaban a las labores en carretera.

Afirmaban que las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre las que también se encuentra la Policía Nacional, tienen competencias exclusivas recogidas en la Constitución y que nunca podrán realizar cuerpos autonómicos. Labores como la de vigilancia del aeropuerto de Noain y las aduanas, así como explosivos, traslado de presos, investigaciones de crimen organizado o terrorismo o la expedición del DNI o pasaporte. En general, son suyos todos los temas de carácter internacional o suprautonómico.

“La Guardia Civil va a permanecer en Navarra”, aseveraba el vicepresidente Remírez, que ha aseguraba que “ningún guardia civil se va a ver obligado a abandonar Navarra si no es por propia voluntad”.

Además de la opción de la pasarela, el Ejecutivo foral también buscaba un acuerdo con Interior para que los agentes que quieran seguir dentro de instituto armado en Navarra pudieran seguir en otras áreas del cuerpo.

Septiembre de 2021: El Gobierno Foral de Navarra estima que la transferencia se iniciará en diciembre de 2021 y finalizará a finales de 2025.

Ya no son 198 guardias civiles ahora sólo hay 149 activos. Se pretende firmar el acuerdo para el 1 de diciembre de 2021 de tal manera que Navarra y el Estado firmasen el traspaso de Tráfico y Seguridad vial, de esta forma, la comunidad foral adquiriría titularidad de la competencia, pero por el momento no la asumirá de forma completa.

Se modifica el horizonte temporal: Para ello el Gobierno de María Chivite se ha fijado un plazo de unos cinco años, 2025, para dotar a la Policía Foral del número suficiente de agentes -149, según los cálculos- para poder asumir con “garantías” la gestión del tráfico y la vigilancia y control de carreteras.

El Ejecutivo foral trabajaba en ese momento con el Ministerio de Interior para que algunos de esos refuerzos fueran guardias civiles asentados en Navarra que pasarían a integrarse dentro del cuerpo autonómico.

Además de la oferta de plazas públicas de empleo, el Ejecutivo navarro preterndía una pasarela legal para que agentes de Tráfico de la Guardia Civil ya asentados en Navarra pudieran seguir ejerciendo sus funciones dentro del cuerpo de la Policía Foral.

Se trataba de una herramienta recogida en la ley de Policías de Navarra, aprobada en el Parlamento foral en 2018 con los votos de por Geroa Bai, EH Bildu y UPN,  por la que se establecía que “se podrán habilitar, dentro del marco del órgano bilateral competente y en los términos que disponga la administración competente, los mecanismos necesarios para permitir la integración de funcionarios del Estado que presten ese servicio en la actualidad”.

Para ello se tendrían que resolver algunas diferencias entre ambos cuerpos como el modelo de escala salarial y algunas situaciones particulares como el derecho a una vivienda del que gozan una parte del cuerpo del instituto armado.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, señalaba en aquellas fechas que estas serán cuestiones que se tratarían con el Ministerio de Interior para garantizar unas condiciones “atractivas” a aquellos agentes que decidan cambiar el verde por el rojo de color de uniforme.

Abril de 2021: La Asociación Española de la Guardia Civil, (AEGC) afirma que el proceso se está llevando con "mucho oscurantismo"

“Hay una opacidad tremenda” asegura el representante de una de las principales organizaciones de la Guardia Civil en Navarra, “la situación en la que nos encontramos está generando mucho malestar e intranquilidad entre los compañeros”, apunta.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró en enero del año pasado que ningún guardia civil debería abandonar Navarra cuando se transfiera la competencia.

Casi año y medio después, los agentes destinados en la Comunidad Foral: “Seguimos sin saber nada. Nadie nos ofrece garantías, no se nos está teniendo en cuenta”.

El documento de propuesta de transferencia que planteaba el Gobierno al Ejecutivo foral estába ya sobre la mesa a la espera de que éste incorpore posibles modificaciones.

El 24 de mayo de 2021 estaba previsto que los dos Gobiernos cerrarán el traspaso de otra materia relevante, la salud penitenciaria. Sería la Administración navarra la que ejercería la competencia sanitaria en los centros penitenciarios. Lo haría sólo dos semanas después de que en Euskadi ambos Gobiernos cierren el traspaso de prisiones al Gobierno Urkullu en la comisión mixta de transferencias convocada para el 10 de mayo de 2021.

En el caso de la transferencia de tráfico a Navarra, las previsiones apuntaban a que no sería, por aquel entonces hasta finales de ese año, 2021, cuando pudiera hacerse realidad. Sin embargo, durante varios años continuaría prestándola -al igual que ahora- de modo conjunto con la Guardia Civil.

“Vemos que hay mucho oscurantismo, que la jefatura no dice nada. No es algo que se esté hablando con libertad. En todo esto se ve mucha política y poca información sobre las opciones y soluciones que se va a ofrecer a los agentes”, señalan fuentes de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC).

Reclaman que en la negociación de la transferencia y el traspaso de una competencia que implica a casi 200 agentes “se nos tenga en cuenta”: “Hay mucha inquietud, tanto entre quienes se quieren quedar como entre quienes se plantean marcharse. No saben en qué condiciones lo podrán hacer, tampoco se sabe nada de cómo quedará la opción de la pasarela a la Policía Foral”, señalan.

Marzo de 2021: El Covid-19 y el IMV retrasan todo. La Guardia Civil preocupada pide una "salida digna" de Navarra tras el traspaso de Tráfico

La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, subrayaba en marzo de 2021 la importancia de "una salida digna" para los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra tras el traspaso de competencias y ha mostrado su "preocupación" por los 200 agentes que se verían afectados.

Así lo trasladó en una nota la asociación, cuyo secretario general, Ernesto Vilariño, se había reunido por aquellas fechas con el teniente coronel jefe del Sector de la Guardia Civil Tráfico de Navarra, Agustín Aznárez, al que dio a conocer la situación de los agentes afectados.

Vilariño afirmaba en marzo de 2021 que “es esencial que la administración central, con la participación del ministerio del Interior y el Gobierno de Navarra, establezcan una calendario coordinado y ordenado que no afecte a los compañeros y a sus familias en un proceso que, aunque no cuenta con nuestro respaldo, sabemos que tarde o temprano se llevará a efecto”.

Julio de 2020: Chivite reactiva la ejecución del acuerdo

La presidenta de Navarra María Chivite, el 28 de julio de 2020, mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en la que se fijó el mes de octubre de 2020 para la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias.

Una comisión que llegaría con algo de retraso (en un principio se había marcado el mes de junio como fecha límite para su celebración) por el parón institucional provocado por la pandemia del coronavirus.

La principal cuestión a tratar en dicha Comisión Mixta sería el traspaso a Navarra de forma completa de las competencias de Tráfico, como ya tienen Euskadi y Cataluña.

Ello supondría que la Policía Foral gestionaría de forma completa el tráfico en Navarra, algo que viene haciendo hasta la fecha de manera conjunta con la Guardia Civil.

La transferencia de Tráfico a Navarra no implicaría que la Guardia Civil abandone Navarra, ya que el instituto armado tiene en la comunidad foral alrededor de 1.800 agentes, de los cuales algo más de 200 agentes se encargan de labores de Tráfico en coordinación con otros 200 efectivos de la Policía Foral.

Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre las que también se encuentra la Policía Nacional, tienen competencias exclusivas recogidas en la Constitución y que nunca podrán realizar cuerpos autonómicos.

Labores como la de vigilancia del aeropuerto de Noain y las aduanas, así como explosivos, traslado de presos, investigaciones de crimen organizado o terrorismo o la expedición del DNI o pasaporte.

En general, son suyos todos los temas de carácter internacional o suprautonómico.

Enero 2020: Nuevo acuerdo firmado tras las elecciones generales de 2019

En el acuerdo de legislatura firmado por PNV y Sánchez tras las elecciones nacionales de noviembre de 2019, se acordó y firmó que el Gobierno de España transferiría en un plazo máximo de 6 meses las competencias de Tráfico a Navarra. Tres años y 9 meses después este acuerdo no es efectivo.

Noviembre 2018: Antecedentes

El acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, para traspasar las competencias en materia de Tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral, se anunciaron la primera semana de noviembre de 2018. Este acuerdo quedó en el olvido y fue reactivado por petición del PNV como parte del apoyo que Sánchez necesitaba para poder ser investido como presidente del Gobierno en 2020.