Aborto provocado gratuito y preferente

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2009 fue de 70 días, uno menos que en el mismo periodo del año anterior y once menos desde que comenzaron las mediciones, en 2003. (datos remitidos al Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas, a excepción de Madrid y Ceuta y Melilla, que son gestionadas por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, dependiente del Departamento de Sanidad y manejados por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en julio de 2010 en el Ministerio de Sanidad bajo la presidencia de la entonces Ministra Dña. Trinidad Jiménez. Madrid, 22 de julio 2010 ( Datos publicados en la revista medicosypacientes.com). Meditemos que 70 días de promedio exige que una intervención que se realice en el plazo de 10 días debe ser promediada por otra se que se lleve a cabo con una demora de 130 días, es decir, 4 meses y pico más tarde de la fecha en que fue indicada.

Frente a esa realidad el R.D. 831/2010 BOE del 26.6.2010) sobre Garantías básicas de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo por el Sistema Nacional de Salud, en su Artículo 3, dice textualmente:

1. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo…

2. Si, excepcionalmente, el servicio público de salud donde la mujer embarazada haya solicitado la asistencia no pudiera facilitar en tiempo la prestación, el citado servicio público de salud le reconocerá a la solicitante el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación. El reconocimiento del citado derecho y el compromiso de asumir el abono de la prestación se considerarán realizados tácitamente, si transcurrido un plazo de diez días naturales desde la solicitud de la prestación, la mujer solicitante no ha recibido del correspondiente servicio público de salud indicación del centro sanitario donde se realizará la prestación.

Hasta hoy, en muy pocas ocasiones, por no decir en ninguna, el Servicio Público de Salud ha reconocido a un paciente los derechos y plazos que se conceden a una mujer para que se le provoque un aborto, en este texto legal. Es una falacia justificar la provocación de un aborto, y negar el derecho a vivir a un ser humano, por la mera circunstancia de encontrarse en una determinada semana de su desarrollo en el seno materno y en base a simples intereses ideológicos.

A esta falacia se le suma la incoherencia y contradicción que supone que, quienes así piensan y se autodefinen como “progresistas” y “feministas”, consideran que al niño le asisten tantos derechos que hasta se despoja a sus padres de la potestad de educarlo según sus principios y creencias e incluso se les niega el derecho a aconsejar a una hija de 16 años sobre su inesperada gestación. Aún a riesgo de pecar de reiterativo, es necesario afirmar una vez más que el aborto, cualquiera que sea el momento en el que tenga lugar, supone la muerte de un ser humano en un determinado momento de su ciclo vital.

También que es una falacia justificar la provocación de un aborto, y negar el derecho a vivir a un ser humano, por la mera circunstancia de encontrarse en una determinada semana de su desarrollo en el seno materno y en base a simples intereses ideológicos. A esta falacia se le suma la incoherencia y contradicción que supone que, quienes así piensan y se autodefinen como “progresistas” y “feministas”, consideran que al niño le asisten tantos derechos que hasta se despoja a sus padres de la potestad de educarlo según sus principios y creencias e incluso se les niega el derecho a aconsejar a una hija de 16 años sobre su inesperada gestación.

Razones éticas y morales aparte, carentes de valor para quienes consideran un derecho absoluto de la mujer, en uso de su libertad individual, su decisión de abortar, resulta grotesco que quienes así no piensan, permanezcan impasibles ante el diferente trato en la atención sanitaria que, como mínimo, les discrimina negativamente. Y es así cuando la provocación de un aborto, y más aún siéndolo con carácter preferente en la Sanidad Pública, supone una prestación sanitaria para la consecuencia de un acto “voluntario” haciendo uso de unos recursos sanitarios escasos y limitados, sufragados con los impuestos y cotizaciones de los contribuyentes, que podrían emplearse en mejorar la asistencia sanitaria en general o ayudar a las madres durante su gestación y primeros tiempos del posparto. Porque, en definitiva, entre la despenalización del aborto en ciertos supuestos y su consideración como un derecho absoluto, con atención sanitaria preferente, a costa de los demás, hay un gran trecho que no debiera haberse transitado.

Aun aceptando que vivimos en una sociedad mayoritariamente agnóstica y atea y que pocos o muchos de sus miembros olvidan los fundamentos cristianos de la Cultura de Occidente; el derecho a la vida desde el momento de la concepción, menospreciando realidades demográficas irrefutables como que España es una de las naciones con menor índice de natalidad en el mundo; que un sistema de protección social como el nuestro sólo es viable con un mínimo número de jóvenes y futuros afiliados al sistema público de pensiones; que hay muchos matrimonios deseosos de adoptar niños; que si sus padres hubieran pensado en su comodidad personal, muchos de los abortistas de hoy no lo serían porque no hubieran llegado a nacer; que los siempre escasos recursos destinados a la asistencia sanitaria exigen priorizar escrupulosamente su destino; que muchas mujeres quizá no llegaran a abortar si se les ofreciese otras alternativas en forma de ayuda a ellas y a sus futuros hijos; no resulta fácil comprender que quienes así no piensan no rechacen estos hechos y que, al final, se comporten como miembros de una sociedad anestesiada y gregaria, asumiendo el papel de meros comparsas y miembros de un rebaño dócilmente sometido a quienes, debiendo ser sus representantes, se convierten en sus amos para conducirles al redil de su propia e ideologizada conveniencia.

Una sociedad que no quiera percatarse que, por un simple fenómeno demográfico, de perseverar en la actual dinámica, corre el riesgo de que en pocos decenios pueda llegar a la irreversible realidad, expresada ya como un temor por algunos, de que no sólo su raza, sino incluso su cultura, su modelo social y hasta su religión, sean sustituidos por la de otra mayoría social muy diferente como ya ha ocurrido a lo largo de la Historia. Corresponde a esta sociedad tomar buena nota y ejercitar sus derechos, también el del voto, con coherencia y eficacia, para que no lleguen a gobernarles quienes, menospreciando y anulando sus principios, no merecen hacerlo.

Esa es la responsabilidad de los ciudadanos de hoy, pensando en ellos mismos y en sus descendientes y, exigir sus derechos en una verdadera democracia, su primordial obligación.