La insoportable levedad del ciudadano ante el Estado ¿de Derecho?

Cuán impotente se siente el ciudadano de a pie ante la apisonadora administrativa, cuando ésta arrolla con su inercia toda opción de defensa y en un alarde de cinismo absoluto convierte el procedimiento en su razón de ser, despreciando la valoración y hasta la simple lectura de los escritos del administrado.

Digo esto porque el Ayuntamiento de Madrid ha sancionado a mi mujer con multa de 400 euros (más 6 puntos) por la gravísima infracción de circular el 28-10-2007, a las 3,37 de la madrugada, a 93 km/hora en el Paseo de la Castellana, a la altura de La Paz, en dirección a Alcobendas. El lugar de la infracción dista casi dos kilómetros del último semáforo, situado antes de la entrada al túnel que atraviesa Plaza de Castilla. He tratado vanamente de que, en aplicación de lo que la propia Ley dispone sobre graduación de las sanciones y considerando las circunstancias concurrentes (el tipo de vía, la distancia al último semáforo, la intempestiva hora a la que un iluminado policía tuvo la feliz idea de colocar un radar móvil, la moderada velocidad y las circunstancias de la conductora que nunca ha sido sancionada) se impusiera la sanción mínima. Ha sido inútil. Mis argumentos, repetidos hasta la saciedad en seis ocasiones, no han merecido ni una sola mención en las notificaciones recibidas. Han pasado olímpicamente de mis escritos.

Más aun, creo que ni se han molestado en leerlos. Lo verdaderamente importante para el Ayuntamiento es alimentar los ordenadores para que las impresoras no paren de escupir notificaciones dentro de los plazos establecidos.

La apisonadora continúa implacable su marcha: ya nos han notificado la providencia de embargo. En breve nos robarán casi 500 euros de la cuenta corriente. Misión cumplida. ¿Qué consideración nos merecen las instituciones cuando éstas abusan del poder que en ellas ha depositado la propia ciudadanía?

 

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