Medios

Los informadores de tribunales firman una dura nota a la fiscal del Estado por la actuación contra periodistas

Califican de hecho gravísimo la entrada en medios de Palma y la incautación de teléfonos y material

Bartolomé Cursach.
photo_cameraBartolomé Cursach.

Los periodistas de tribunales de numerosos medios de comunicación han redactado una carta dirigida a la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Lo han hecho como muestra de repulsa por la requisición del móvil y el ordenador de dos redactores de Palma, uno de Europa Press y otro de Diario de Mallorca.

El juez Miguel Florit ordenó esta diligencia a la Policía tras una filtración periodística sobre el caso de corrupción Cursach. El fiscal jefe anticorrupción de Baleares, Bartomeu Barceló, se mostró a favor de la medida.

Ésta es la nota que han firmado decenas de periodistas de tribunales:

"Excma Sra. María José Segarra, fiscal general del Estado

En el día de hoy hemos conocido, sumamente alarmados, que la Fiscalía que usted dirige ha avalado la realización de entradas y registros en medios de comunicación de Palma de Mallorca, con la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios periodistas, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach

Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna.

Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción.

La actuación respaldada por la Fiscalía de la que usted es responsable sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte.

Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20.

Le pedimos encarecidamente que reflexione sobre esta crítica situación y confiamos en que se esté a tiempo de rectificar".

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