El banco de Oliu acaba de abandonar Cataluña

Artur Mas recurre al Sabadell para hacer frente a la fianza de 5,2 millones

CaixaBank y Mutua Madrileña le han denegado el aval. Si no lo presenta antes del 20 de octubre, será embargado

Artur Mas y Josep Oliu
Artur Mas y Josep Oliu

El ex president de la Generalitat tiene una semana de plazo para abonar los 5,2 millones de euros que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas. Es la cantidad que la Generalitat destinó a la celebración de la consulta ilegal del 9-N. Hasta ahora, Mas ha buscado el aval de Caixabank y de Mutua Madrileña, que se han negado a financiarle.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Artur Mas continúa buscando fiadores entre las entidades catalanas y ha recurrido al Banco Sabadell, que niega la información.

Sabadell se ha ido de Cataluña

Cabe recordar que el Sabadell es una de las empresas que ha cambiado su sede social de Barcelona debido a la “situación de inseguridad jurídica de Cataluña”. El consejo de administración aprobó el pasado jueves su traslado a Alicante.

La entidad que preside Josep Oliu dejó claro que se trata de una decisión meramente empresarial. Los consejeros de la entidad valoraron principalmente dos riesgos: quedar fuera del Eurosistema en una Cataluña independiente y no poder garantizar los depósitos. A día de hoy, cuenta con más de 11 millones de clientes.

Negativa de Caixabank y Mutua Madrileña

Caixabank ha negado el aval a Mas porque no cuenta con suficientes garantías de su solvencia.

Por otro lado, SegurCaixa Adeslas, participada por Caixabank y Mutua Madrileña, se han negado a ejecutar en este caso el seguro de responsabilidad civil que tiene contratado la Generalitat.

La aseguradora ha alegado que las cláusulas no incluyen la organización de una consulta ilegal.

Mas será embargado si no deposita la fianza

El Tribunal de Cuentas dictó el pasado 25 de septiembre la imposición de la millonaria fianza a Artur Mas, a quien considera responsable solidario de financiar con dinero público la consulta ilegal de 2014. Si, pasado el plazo de quince días que expira el viernes 20, Mas no presenta dicha cantidad, será embargado.

Este riesgo no existe sólo para el ex president, sino que, por tratarse de una responsabilidad solidaria, la fianza se extiende a los ex consejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y a los otros siete ex altos cargos de la Generalitat implicados en la organización de la consulta.

Se trata de Lluís Bertrán, ex secretario general de Gobernación; los interventores de Gobernación y Presidencia, Carolina Pardoy y Jordi Serra; Josefina Valls i Villa, directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés i Avellana, director de Atención Ciudadana; Jaume Domingo i Planas, director del diario oficial de publicaciones; y Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia.

 

El patrimonio del ex president y los ex consejeros

Según las cuentas personales publicadas en 2015, el ex president disponía en ese momento de bienes valorados en 600.000 euros. Es decir, con el embargo de sus bienes, el tribunal obtendría sólo el 12% de la fianza.

Rigau dispone, según sus cuentas de 2015, de 182.000 euros de patrimonio. El último dato publicado por Homs en la web del Congreso era que disponía de 17.000 euros en su cuenta corriente y el 50% de una vivienda, sin especificar su valor. La suma de estas cantidades, 799.000 euros, tampoco alcanza la cantidad fijada por la fianza.

Según los gastos del 9-N que aportaron los acusados, la partida más elevada corresponde a la adquisición de los ordenadores portátiles de las mesas de votación, de 2.800.735,13 euros.

El tribunal ha añadido en la fianza otros 243.663 euros de los intereses, dando como resultado un total de 3.044.399 euros. Atribuye la responsabilidad del gasto con dinero público a Artur Mas e Irene Rigau.

Colecta de la ANC y Òmnium

Mas afirmó en una entrevista en TV3 que confiaba en los 2 millones de votantes del 9-N para afrontar el pago de la fianza: “Solo con que esas personas que dijeron ‘sí’ hagan una pequeña aportación, el tema está resuelto”, aseguró.

De hecho, la ANC y Òmnium han reactivado la campaña de recaudación de donativos que pusieron en marcha para pagar las multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Mas (36.500 euros), Ortega (30.000) y Rigau (24.000) por la organización de la consulta.

El PDeCAT también ha iniciado una campaña de crowdfunding con el mismo fin.

Desmentido del Sabadell

Una vez publicada la información, el Banco Sabadell ha desmentido la noticia.

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