Política

Rebelión de embajadores y presidentes de empresas públicas contra el Ministerio de Meritxell Batet

Se oponen a que se publiquen sus agendas de trabajo, como exige la Ley del Alto Cargo impulsada por el Gobierno, por considerar que hay información delicada

Pedro Sánchez y Meritxell Batet.
photo_cameraPedro Sánchez y Meritxell Batet.

El Ministerio de Función Pública se ha comprometido a publicar las agendas de reuniones de los altos cargos del Estado, en busca de “una mayor transparencia”. Una decisión a la que se oponen, por ejemplo, embajadores, diplomáticos y directivos de empresas públicas. Lo fundamentan en motivos de seguridad.

Por lo pronto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de septiembre las declaraciones de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este Gobierno y del anterior, de Mariano Rajoy.

Se dieron a conocer los bienes de todos los altos cargos que hubieran tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, incluidos los presidentes del Gobierno.

También se desvelaron las declaraciones de bienes patrimoniales de 38 ministros o ex ministros, y de 74 secretarios de Estado. Asimismo, se incluyó en el listado a subsecretarios, directores generales, presidentes de empresas públicas, miembros de organismos reguladores, Casa Real, embajadores, etc.

Las agendas de los ministros, primeras en desvelarse

Ahora, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Meritxell Batet, trabaja también para hacer públicas las agendas de trabajo de los altos cargos del Estado, con el fin de “aportar una mayor transparencia”.

El plan que maneja el Gobierno contempla que las primeras agendas que se den a conocer sean las de ministros y secretarios de estado. “Eso permitiría conocer citas como la que tuvo Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato cuando era ministro del Interior”, destacan fuentes gubernamentales.

La idea del Ejecutivo es que todos los ciudadanos puedan tener acceso a esa información, hasta ahora reservada, a partir del mes de noviembre.

Diplomáticos y directivos de sociedades estatales se oponen

Por si eso fuera poco, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proyecto, el plan recoge también la publicación progresiva del resto de agendas de altos cargos del Estado.

Esto es, se van a desvelar por primera vez las reuniones, por ejemplo, de embajadores y presidentes de empresas públicas. Una decisión que ha provocado el malestar de estos altos cargos, que no entienden que esa rendición de cuentas de los cargos públicos deba alcanzarles también a ellos.

En cambio, la posición del Ministerio de Función Pública es clara al respecto: “Este Gobierno entiende que, si el dinero público tiene que rendir cuentas, el tiempo público también”, responden con rotundidad en el departamento de Meritxell Batet.

En otros países, añaden, la publicación de las agendas de los responsables públicos viene exigida por ley, o bien ha sido asumida voluntariamente, dentro de la práctica de rendición de cuentas de la actuación pública.

Cuestiones que ponen en peligro la seguridad

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que la resistencia de embajadores y presidentes de empresas públicas, especialmente de las consideradas como estratégicas, responde al temor de que dar a conocer los encuentros, y a sus interlocutores, ponga en peligro la seguridad del país, dados los asuntos que suelen tratar.

Función Pública trabaja para fijar las características de las agendas públicas que deberán ser incluidas en la transparencia, porque que ahora no siguen un criterio común: varían desde las que consisten en apuntes a mano, a las que están informatizadas, o las que directamente se borran tras cada cita.

Esa falta de unidad facilita que los altos cargos solucionen las peticiones de información alegando que no guardan registros.

También se persigue elaborar un modelo común con soporte electrónico que facilite la búsqueda de la información.

Protocolo de la Agencia de Protección de Datos

Para sofocar esta rebelión, según las fuentes consultadas, la Secretaría de Estado de Función Pública ultima también, junto con la Agencia de Protección de Datos, un protocolo al que deberán ceñirse los altos cargos para dar cuenta de sus agendas.

En esa metodología se determinará el detalle con el que se deberá dar publicidad de cada reunión, participantes, lugar y asunto tratado. La información quedará limitada a los encuentros a los que asista un determinado miembro del Gobierno, alto cargo, directivo público profesional o empleado público.

Estos criterios también servirán, por ejemplo, para dar respuesta a otro tipo de reclamaciones parecidas, como la de los ciudadanos que han exigido conocer los acompañantes de la familia real en sus viajes oficiales.

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