Nueva ofensiva judicial contra el Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias durante el COVID
Un juzgado de Leganés investiga si los protocolos que restringieron derivaciones hospitalarias vulneraron derechos fundamentales. La Comunidad de Madrid defiende su gestión y anticipa el archivo de las causas
- "Protocolos de la vergüenza"
- Una causa que sigue abierta
- Más de 60 causas similares han sido archivadas
- Asociaciones de familiares
En las últimas semanas, la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid ha vuelto al centro del debate judicial y político.
"Protocolos de la vergüenza"
El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha abierto una segunda causa penal contra tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostolaza, así como contra una geriatra del Hospital Severo Ochoa. Estos están siendo investigados por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
La causa se centra en los denominados "protocolos de la vergüenza", que, según la acusación, impidieron la derivación hospitalaria de ancianos residentes en centros para mayores durante la primera ola de la pandemia. Estos protocolos establecían criterios restrictivos para el traslado de mayores a hospitales, en función de su edad, grado de dependencia o patologías previas.
Las declaraciones de los implicados están programadas para el 17 de junio. Además, Antonio Burgueño, exasesor sanitario del gobierno madrileño, ha sido citado como testigo.
Una causa que sigue abierta
En octubre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia, concretamente siete residentes en el centro Amavir Ciudad Lineal.
En esta investigación, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid continúa examinando si hubo responsabilidad penal en la aplicación de los denominados "protocolos de la vergüenza", que presuntamente impidieron la derivación hospitalaria de los residentes afectados.
Cabe destacar que, aunque otras denuncias similares han sido archivadas por falta de concreción, esta causa específica permanece activa, y se están llevando a cabo diligencias para determinar posibles responsabilidades.U
La jueza investigará si hay indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro.
Más de 60 causas similares han sido archivadas
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se defiende que la reapertura de estas causas se hace solo para su "archivo definitivo". La presidenta Ayuso ha asegurado que no se trata "en realidad" de una investigación, sino que "es al contrario".
Hasta la fecha, más de 60 causas similares han sido archivadas por los tribunales, que han concluido que no hubo negligencia en la atención a los residentes durante la pandemia. En una de las resoluciones, el juez subrayó que "se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo", teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias de la crisis sanitaria.
Asociaciones de familiares
Sin embargo, las asociaciones de familiares de las víctimas, como Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, ven en estas nuevas investigaciones una esperanza para que se depuren responsabilidades por las 7.291 personas fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.
La evolución de estos procesos judiciales será clave para determinar si se establecen responsabilidades penales por la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria.
