Ha impuesto al comisario principal una segunda multa coercitiva de 1.000 euros cada 15 días mientras no ejecute una sentencia que obliga a su división a pagar 1.108,33 euros
La asociación ‘Hablamos Español’ apunta que podría haber cometido un delito de prevaricación por una carta que envió como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo
