Ayuso recurre ante el Supremo el decreto de universidades del Gobierno por "vulnerar las competencias autonómicas"
La Comunidad de Madrid considera que la normativa se ha elaborado sin negociación ni consenso y que no tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación
- Competencias educativas y alcance del decreto
- Requisitos considerados “arbitrarios”
- Normativa regional y futuras mejoras
Este miércoles, el Consejo de Gobierno tiene previsto conocer un informe detallado sobre las acciones emprendidas por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Según fuentes regionales, el decreto también supone una limitación injustificada de la libertad de empresa y de la creación de centros educativos, principios reconocidos en la Constitución Española.
Competencias educativas y alcance del decreto
El recurso presentado por el Gobierno madrileño sostiene que el artículo 27 de la Constitución otorga a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar la legislación educativa en todos sus niveles. El Estado, por su parte, debe limitarse a fijar la normativa básica que garantice la igualdad en el conjunto del país.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid denuncia que el Real Decreto "excede con mucho" ese marco básico y reduce de forma significativa el margen de actuación de las autonomías. En su opinión, la nueva regulación estatal dificulta el diseño y desarrollo de políticas universitarias propias y menoscaba la capacidad de las regiones para autorizar, supervisar y evaluar nuevos proyectos educativos.
Requisitos considerados “arbitrarios”
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la introducción de requisitos cuantitativos para los centros universitarios. Entre ellos destaca la obligación de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes, una cifra que el Gobierno madrileño considera "arbitraria" y que, afirma, no guarda relación con el objetivo de mejorar la calidad de las universidades españolas.
Desde la Comunidad se reprocha además la "opacidad" del procedimiento seguido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aprobar el decreto. El Ejecutivo autonómico asegura que la tramitación se realizó sin consulta pública previa, sin participación de los actores del sistema universitario y sin contar con las comunidades autónomas, a pesar del impacto directo en su ámbito competencial.
Normativa regional y futuras mejoras
La Comunidad de Madrid recuerda que su actual procedimiento de autorización para nuevas universidades y centros universitarios ya incluye controles rigurosos destinados a garantizar la excelencia académica y la solvencia de los proyectos. Asimismo, la Consejería de Educación trabaja en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que incorporará mejoras y actualizaciones en estos procesos, siempre dentro del marco de las competencias regionales.
