El Gal, la operación Alicante y Rubalcaba

La espectacular y mediática detención en Alicante del presidente del Partido Popular, a la vez que presidente de la Diputación, ha traído a la memoria de los españoles el recuerdo de anteriores acciones policiales parecidas, que resultaron más que sospechosas en su organización y realización, y que, todas ellas, tuvieron como trasfondo ocultas intenciones de ventaja política, muy ajenas al juego limpio y a la normal y aséptica aplicación de los protocolos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Así, no son pocos los que, al hilo de lo ocurrido esta semana, han recordado sucesos como la operación que se escenificó en mayo de 2006 con el asalto a las sedes de Fórum Filatélico y Afinsa, realizada con gran aparato de coches-patrulla, efectivos humanos y armas, y poco menos que transmitida en directo. Lo inquietante de aquellas escenas, al estilo de la serie ‘Los hombres de Harrelson’, produjo un enorme impacto en la opinión pública. Ante lo cual los analistas no dejaron de preguntarse a qué venía tamaña desproporción, al más puro estilo de Hollywood.

Una de las interpretaciones más difundidas entonces fue que, con semejante despliegue, lo que se buscó fue ‘tapar’ una noticia que se iba a producir el día siguiente, muy desagradable para el establisment gubernamental y socialista: la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a tres policías por las detenciones ilegales de militantes del Partido Popular tras una manifestación en Madrid. Fue lo que entonces se denominó ‘caso Bono’, consistente en una discutible denuncia en la que él afectado afirmaba haber sido golpeado, unas fotografías publicadas en la prensa, y la violenta detención de los citados miembros del PP. De nuevo la policía en danza y detrás el impulso político.

Por cierto, que muy poco antes de que tal evento acaeciera, acababa de llegar al ministerio del Interior su actual titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había sustituido al anodino José Antonio Alonso.

Televisión en directo

Si el asalto a Fórum y Afinsa mereció cobertura en directo por parte de las televisiones, oportunamente avisadas desde instancias gubernamentales, lo mismo ha ocurrido esta semana con la detención de José Joaquín Ripoll y demás compañeros mártires, o sea, tres ediles y siete empresarios. También esta vez las cámaras pudieron ofrecer sobre la marcha las consiguientes escenas con la policía como actores principales. Alguien avisó a las televisiones.

Visto el operativo de Alicante, con casi un centenar de agentes, con vehículos cortando las calles, parece lógico preguntarse a que vino tamaño despliegue. En el caso del principal afectado, Ripoll, ¿acaso se iba a escapar? No. ¿Iba destruir pruebas? Después de cuatro años de tramitación del sumario, tampoco parece probable. Entonces, ¿por qué tal escenificación? Habría bastado una simple citación del juzgado, y el presidente de la Diputación habría comparecido. Pero, en ese caso, no habría habido despliegue televisivo propagandístico.

Por supuesto que la policía tiene atribuciones para detener. No es eso lo que está en discusión, aunque sería más que deseable que, en lo posible, se abstuviera de hacerlo sin las garantías de una providencia judicial, por aquello de aplicar a este campo los rigores garantistas que se cuidan en tantos otros terrenos. Lo que se debate son la oportunidad y las formas. Porque, además, parece que se descuidaron algunos detalles básicos del protocolo policial: al detenido se le deben leer sus derechos y notificarle el motivo del arresto. Lo primero, desconozco si se cumplió; lo segundo, según ha declarado José Joaquín Ripoll, no lo hicieron.

Una tentación muy fuerte

Puedo entender la tentación que acosa a un ministro del Interior al comprobar las posibilidades que tiene de manejar la policía. Un despliegue de furgonetas, unos cientos de agentes entrando por las bravas en unas oficinas, una buena detención, incluyendo fotografías de personajes esposados, tiene magnífica ‘venta’ en las cadenas de televisión. Y ese espectáculo apaga cualquier otra noticia indeseable.

¿Qué evento se pretendería amortiguar en el caso de las detenciones de Alicante? Aparte del evidente deterioro de imagen que puede suponer para el PP, un suceso así deja medio descalabrado al primer partido de la oposición y a su líder, precisamente pocos días antes de que se escenifique un muy difícil trago para Zapatero: el debate sobre el estado de la Nación, previsto para el día 15.

Me pregunto quién fue el primero que inventó el procedimiento. Porque la cosa viene ya de muy atrás. El caso GAL, el más grave problema que ha aquejado nunca al Partido Socialista, que amenazó con meter en la cárcel al propio Felipe González, fue eso: servirse de la policía para prácticas ilegales y delictivas. Y allí estuvo también, por cierto, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Siguiendo con la utilización partidista de los cuerpos de seguridad del Estado, alguno hasta llegaría a sacar a colación las filtraciones policiales durante la tragedia de los atentados del 11 M, que mantuvieron a los altos cargos del PSOE al tanto de lo que se iba descubriendo incluso antes de que se enterara el propio Gobierno. Y en eso, por cierto, igualmente se mete a Rubalcaba. Sin olvidar el ‘caso Faisán’, de filtraciones a ETA en plena negociación con la banda. Y también con Rubalcaba de por medio.

Por la suma de episodios similares que se van contabilizando al cabo del tiempo, parece que a los ministros del Interior les cuesta resistir esa tentación de servirse del cargo. Pero pienso que, aparte de otros daños, rinden un flaquísimo favor a la solvencia y credibilidad de los cuerpos policiales. Por eso considero que sucesos como los ya citados, y otros como las detenciones televisadas de Baleares, tendrían que provocar la protesta corporativa de los propios policías. Tendrían que defenderse, porque no les otorgan precisamente imagen de independencia y profesionalidad. Al contrario, algunos llegan a hablar de ‘la policía del régimen’

¿Qué carta guarda Rubalcaba?

El portavoz del Partido Popular, González Pons, no se ha mordido la lengua, a la hora de analizar lo que viene sucediendo. “Desde que Rubalcaba es ministro del Interior, la neutralidad política de este ministerio está en entredicho”, declaró el viernes.

Sin embargo, conociendo la proverbial habilidad e inteligencia política del ministro del Interior, cabe preguntarse: ¿Qué ha buscado Rubalcaba con el operativo de Alicante? Porque él sabe muy bien lo que iba a ocurrir a continuación. Está al cabo de la calle de que, montando ese circo, desde el PP iban a salir en tromba contra él, como así ha sucedido. Y tenía la certeza de que le plantearán alguna pregunta parlamentaria en el Congreso. Sin descartar, incluso, una propuesta de voto de reprobación, aprovechando también que la actual mayoría gubernamental, y su presidente, no atraviesan su mejor momento en la Cámara y que cada vez más se van quedando solos.

Dado que ha demostrado de sobra que domina con pericia la táctica de las segundas y terceras derivadas, resta pendiente la respuesta a la cuestión: ¿Que jugada a dos y tres bandas tiene en cartera Rubalcaba con la operación Alicante? ¿Qué sorpresa guarda en la manga y cuándo la sacará?

Y Rajoy sigue inmóvil

El llamado “caso Brugal”, de adjudicación irregular de recogida de basuras en el sur de Alicante, que ha llevado a la situación procesal de imputado por cohecho y fraude al presidente provincial, ha completado en el PP el ciclo de la corrupción en las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Operaciones policiales sospechosas aparte, supuestas conspiraciones de Rubalcaba al margen, lo cierto es que el Partido Popular tiene un problema de enormes proporciones. La corrupción de sus políticos, lejos de constituir una hipótesis malintencionada, se ha convertido en una realidad virtualmente demostrada. Y ante ese desafío el presidente nacional, Mariano Rajoy, no puede quedarse otra vez quieto. La táctica de la esfinge y el tancredismo, que tantas victorias le ha ido proporcionando hasta ahora, quizá ya no valen en el caso valenciano. Algo tiene que hacer, y mejor pronto que tarde.

Rajoy tiene que remangarse, bajar a tierra y mancharse los zapatos con el barro del camino. Seguramente no quiere hacerlo ahora porque están a las puertas unas elecciones, pero alguna vez lo deberá afrontar. Problema añadido es que, según me cuentan, las últimas encuestas que manejan en Génova siguen reflejando, en el caso de Valencia al menos, que el partido no está pagando ningún precio electoral por el affaire Francisco Camps. Al contrario.

Esa realidad, por cierto, constituye un terrible veredicto. Resulta que en este país priman la obediencia ideológica y política sobre la honradez y moralidad de los cargos públicos. Los políticos corruptos, no solamente no pierden el respaldo de sus electores, sino que en algunos casos hasta mejoran posiciones. Es la aplicación del viejo lema “son unos h. de p., pero son ‘mis’ h. de p”. Que ya ocurrió antes con el GAL y con la corrupción socialista: Felipe González fue ganando elección tras elección, hasta que finalmente el factor cansancio inclinó la balanza y perdió. Y un principio que, respecto de ETA, manejan tantos nacionalistas vascos.

No pierdo la esperanza, en cualquier caso, de que los españoles recuperarán la cordura y castigarán, con la máxima dureza, a los políticos que se lo lleven crudo. Sean de un partido de otro.