La yihad mediática: Pedro J. y Losantos, Polanco y Zarzalejos

Cambian algunos protagonistas, mismo telón de fondo. Un país partido por la mitad, acusaciones envenenadas, adjetivos gruesos, otra vez a las barricadas. Pedro J. Ramírez contra el Grupo Prisa. Polanco a degüello minando la credibilidad del periódico de Unedisa. Jiménez Losantos pone la proa al ABC que dirige Zarzalejos y el diario de Vocento quema las naves: ira y fuego contra los primeros.   El tema en discusión es gravísimo: casi 200 muertos y 1.700 heridos en el mayor atentado de la historia de nuestro país. La mitad de España está convencida de que en el 11-M hay gato encerrado. Unos medios apuntan que el juicio no avanza, que las pruebas no convencen, se aportan meritorias exclusivas y patéticas entrevistas a enjuiciados de escasa credibilidad. Legítimo ejercicio de la profesión, en cualquier caso.   Sin embargo, la otra mitad de la piel de toro asegura que se trata de una nueva “inquisición del odio y la mentira”, inspiradores de una teoría conspirativa delirante y sin fundamento, puro ejercicio antidemocrático del que no ha sabido asimilar –dicen- la derrota de las urnas. Hasta un colegio de periodistas ha salido arremetiendo contra los “vociferadores”.   Hay quien comienza a recordar lo sucedido a mediados de los años noventa, cuando se asistió a la versión en blanco y negro de este guión. La prensa dividida en dos facciones. Un grupo empeñado en una cruzada contra el Gobierno de Felipe González, contra su corrupción, su GAL, su camisita y su canesú. El otro bando, prietas las filas en torno al estadista, lanzando aceradas críticas contra el llamado “sindicato del crimen”.   Aquella hermandad tenía también nombres y apellidos. En 1994 se reunieron para constituir la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) periodistas como Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero, Luis Herrero, Federico Jiménez Losantos, Luis María Anson, José Luis Gutiérrez, José María García, José Luis Martín Prieto, Manuel Martín Ferrand, Antonio Gala, Luis del Olmo, Raúl del Pozo, José Luis Balbín, Antonio Burgos, Pablo Sebastián y Francisco Umbral, entre otros.   Se trató de una operación de acoso y derribo en toda regla, auspiciada por un puñado de profesionales que la impulsaron desde el convencimiento de que se trataba de defender el mismo sistema democrático. Ataques indiscriminados o al alimón. Conciliábulos en los que se tramaban campañas orquestadas. Presiones a los jueces. Llevar el Estado de derecho al límite. Disparar y no dejar heridos, que en tiempos de guerra no hay que andarse con miramientos.   Doce años después, estamos en las mismas. Parece que no hemos aprendido. O a lo mejor es que la situación no ha cambiado. Basta haber seguido algunos editoriales, determinadas columnas de opinión, tertulias radiofónicas o foros de Internet, para percatarse de que España está metida hasta las cachas en otra ‘yihad mediática’, en otra guerra santa. Cada bando busca sus prosélitos, en un esfuerzo misionero dirigido a fagocitar las huestes del antagonista y sumar, a un tiempo, seguidores para la propia ‘umma’, para la comunidad.   Aunque en el primer caso, en lo del GAL, los que investigaban tenían razón y el Gobierno estaba implicado en crímenes de Estado, como ratificaron los tribunales, condenando a un ministro de Interior, un secretario de Estado y un director de Seguridad, entre otros.   Servir al sistema democrático, investigar la verdad, desenmascarar el vicio y la corrupción, velar por la ética profesional, siempre, adelante, con todo. Pero no a cualquier precio; no, si uno pierde en el empeño la propia dignidad. Basta de fango, basta de gritos, basta de insultos. Basta de yihad. La de todos.