El pis de ETA-Batasuna apesta
El Gobierno no puede estar contento con lo sucedido este verano. Y no lo digo por los incendios de Galicia, la llegada de cayucos abarrotados de inmigrantes, el envío de soldados al Líbano sin acudir al Parlamento o los viajes privados del Presidente en avión oficial. El Ejecutivo español tiene motivos sobrados para estar muy inquieto, si analizamos la alarmante dinámica en la que parece haber entrado eso que los socialistas han dado en llamar “proceso de paz”. El balance de lo sucedido durante el estío en materia tan delicada es, como digo, merecedor de la mayor de las preocupaciones. Por lo pronto, la denominada “hoja de ruta” ha sufrido su primer contratiempo serio. ¿Qué ha pasado estas semanas? Veamos. Tras el polémico encuentro entre representantes del PSE y Batasuna, que sirvió de algún modo para legitimar políticamente a la ilegalizada formación, los abertzales debían haber presentado una nueva marca, nuevos estatutos, y la declaración expresa de comenzar a luchar por sus objetivos utilizando sólo vías pacíficas y democráticas. Según los datos de que disponía Moncloa, la adecuación a la vigente Ley de Partidos se esperaba para finales de agosto o principios de este mismo mes de septiembre. Gobierno y ETA también iban a aprovechar el verano para concretar medidas penitenciarias favorables al acercamiento de presos al País Vasco. Para ello, Instituciones Penitenciarias llamó a capítulo a los responsables de las cárceles y pidió máxima discreción. Sin embargo, las cosas no han ido como esperaba el Ejecutivo. Como se relató hace escasos días en estas mismas páginas, Batasuna ha decidido definitivamente –tras escuchar a sus bases- no legalizar un nuevo partido. El colectivo de presos, agrupaciones como Askatasuna, Etxerat o Gestoras pro Amnistía han cerrado filas para impedir ese paso, que consideran ahora una rendición en toda regla. ¿Cuál es el principal punto de fricción? La mencionada Ley de Partidos. Batasuna quiere plenas garantías de que no va a encontrar obstáculos jurídicos en su horizonte vital y lo exige sin ambages, como manifestó públicamente el pasado 21 de junio: “ETA emplaza al Gobierno –¿recuerdan el comunicado?- para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución, sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco”. De momento, en ese cenagal no parece dispuesto a entrar Zapatero que, según las fuentes que ha manejado ECD, ha reaccionado a la decisión de Batasuna, semanas atrás, aplazando cualquier contacto negociador hasta después de septiembre. La posibilidad de un acercamiento de presos también ha quedado congelada, a la vista de lo sucedido. Se trata de la primera situación realmente delicada con la que se han encontrado las partes. Y habrá que ver cómo salen de esta. La ciudadanía permanece, mientras tanto, más o menos al margen de esos avatares, y afronta, con más pena que gloria, el estrés post-vacacional o la delicada cuesta de septiembre. Y las elecciones autonómicas en el País Vasco a la vuelta de la esquina. Lo confieso: no me gusta nada el pis del niño.
