Reforma de la financiación pública de los partidos políticos en Italia
La creatividad de la política italiana no deja de sorprender. Ahora, tras superar la crisis planteada por la votación contra Silvio Berlusconi en el Senado, Enrico Letta ha vuelto a conseguir la confianza de las Cámaras. Una de las primeras decisiones del Consejo de Ministros ha sido la supresión de la financiación pública de los partidos políticos, de acuerdo con la promesa hecha en su día. El ejecutivo aprobó un decreto-ley, que presenta a la Cámara de los diputados.
No se ha hecho esperar la reacción anarco-populista del inefable Beppe Grillo, con un argumento típico: al Pd ‑el partido de centro izquierda principal valedor del gobierno‑ le habría bastado con no cobrar los subsidios oficiales, como hizo en su día el M5S (el movimiento de las cinco estrellas, que entró en parlamento en las últimas elecciones legislativas). No reproduzco, por sentido del pudor, las palabras con que Grillo desautoriza el decreto-ley como una nueva tomadura del pelo. Salvo que el Pd se decida a vender sus inmuebles y devolver el dinero a los ciudadanos.
Como es natural, los representantes del centro derecha, promotores del proyecto, han difundido un comunicado en que se vanaglorian de cumplir los compromisos asumidos en la campaña electoral. Además, el texto quiere avanzar también en la vieja batalla de la democracia interna real dentro de los partidos. Como señala el sucesor de Berlusconi, Angelino Alfano, es la primera vez que entran en el ordenamiento jurídico italiano elementos de ese tipo, para potenciar la participación de todos.
Más allá de los titulares, la realidad es que se construirá un sistema molto articolato –típico de Italia. No habrá subvención directa, pero las ayudas privadas a los partidos no se limitan a cuotas o donativos; se establece la posibilidad de donar el dos por mil de la propia declaración de la renta (en la línea de la “casilla” de Alemania o España para financiar a las confesiones religiosas o a iniciativas de interés social; con un límite máximo).
Además, las deducciones fiscales para las donaciones en efectivo a los partidos por parte de personas físicas, serán del 37% para cantidades hasta 20.000 euros al año, y del 26% para cuantías entre 20.001 y 70.000 euros anuales (hasta un máximo de 300.000). Para las personas jurídicas, también el 26% de 50 a 100.000 euros (máximo: 200.000). Lógicamente, los pagos deben ser trazables, con exclusión de todo anonimato.
El nuevo sistema de financiación entrará en pleno vigor en 2017, para permitir la transición: los actuales reembolsos electorales se reducirán en 2014 un 25%; en 2015, un 50%, y en 2016, un 75%. En 2017 desaparecerán.
Habrá que ver la evolución práctica, contrastada con los principios de que hace gala ahora el gobierno italiano, y atender a los informes periódicos del equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas. En parte, como aquí, el peligro real es la supremacía de las Cámaras legislativas, campo de juego de los partidos con quien intenta controlarles. La experiencia española no puede ser más negativa: las formaciones políticas han hecho oídos sordos una y otra vez a indicaciones bien precisas, por ejemplo, en materia de condonación de créditos como forma ilegal de financiación.
Quizá por eso, el anteproyecto de ley española, avanzado por el gobierno el pasado viernes, se propondría ampliar el control y la fiscalización del Tribunal de Cuentas, “con más rigor, con más eficacia y con más prontitud”. La referencia oficial incluye palabras altisonantes, muchas incluidas ya en las leyes vigentes, y no pocas sanciones y prohibiciones, algunas presentes en su día como ilegales en los informes del Tribunal, con la novedad de excluir las donaciones de personas jurídicas (la ingeniería financiera sabrá sortear la prohibición). Nunca han solido dar resultados las leyes especiales. ¿Por qué no aplicar el derecho mercantil común –y su propio Registro‑ en materia de publicidad y transparencia? ¿Tiene sentido hablar de “responsabilidad penal de los partidos políticos”? Delinquen las personas físicas, no las colectividades.
Nunca dejaré de insistir en el derecho común y en la transparencia como solución para evitar prácticas ambiguas o ilícitas. Los partidos no pueden ser excepción a la tendencia universal, menos aún cuando imponen desde los parlamentos exigencias legales a empresas o instituciones. En todo caso, parece preferible el sistema italiano, en cuanto atenúa la financiación pública de los partidos. Hora va siendo de suprimir toda subvención basada sólo en razones ideológicas.
