El Parlamento europeo debería rectificar errores respecto de Birmania
Mi impresión de años es que el Parlamento europeo se inmiscuye en muchos asuntos ajenos, fuera de su competencia, quizá por su incapacidad para influir de veras en la solución de los abundantes problemas propios.
Sus sesiones plenarias recuerdan con frecuencia a la ONU, más que a una asamblea propiamente parlamentaria. Así, ahora, en octubre, llevaba en el orden del día de la sesión plenaria varias resoluciones relativas a los derechos humanos y la democracia, pero no en Europa, sino bastante lejos de nuestras fronteras: la situación en Birmania, especialmente los grupos religiosos y étnicos; el caso de Paul Rusesabagina en Ruanda; y la ley del Estado de Texas que tanto está influyendo en el debate sobre el aborto en Estados Unidos.
Efectivamente, el 7 de octubre de 2021, aprobó una resolución sobre derechos humanos en Myanmar/Birmania. Es la decimosegunda desde noviembre de 2012, según recuerda en su preámbulo, que recoge también, aparte de las fuentes del derecho internacional, la amplitud de informes y declaraciones diplomáticas, así como las decisiones del Consejo europeo, las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, y las resoluciones de la asamblea general de la ONU.
La nueva resolución parte del golpe de estado militar del 1 de febrero. El ejército detuvo al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, así como a destacados miembros del Gobierno; se hizo con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y decretó el estado de excepción durante un año, luego prorrogado hasta agosto de 2023. En mayo, la junta militar tomó las primeras medidas para disolver el partido político de Aung San Suu Kyi. Desde el primer momento, se extendió la represión contra políticos, funcionarios, periodistas y ciudadanos más significativos, detenidos ilegalmente o confinados con arresto domiciliario. Se han producido demasiadas víctimas humanas y se ha extendido el uso sistemático de la tortura.
Lógicamente, son también abundantes las violaciones de la libertad religiosa, que afectan a las minorías étnicas cristianas (6,3%, en particular los pueblos chin, kachin y karen), islámicas (2,1%, sobre todo rohinyás, malayos, habitantes de Rangún y otras minorías) e hinduistas (0,5%, especialmente los indios birmanos). Incluyen el bombardeo de iglesias, las redadas en lugares de culto, o la detención de sacerdotes y pastores. Se marca el acento en la persecución de la minoría rohinyá, pese a los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, que podría constituir crímenes contra la humanidad, competencia del Tribunal Penal Internacional.
Como es lógico, la situación humanitaria –enfermedades, inseguridad alimentaria, hambre-, se ha agravado por la pandemia de Covid, que los golpistas habrían utilizado para reprimir aún más a la población, con el cierre de hospitales, la destrucción de suministros y equipos médicos y la ocupación de instalaciones médicas: de hecho, la población se abstiene de acudir a los centros asistenciales por temor a ser detenidos o a que les disparen.
La Eurocámara apoya al pueblo birmano y condena el golpe de Estado y sus consecuencias jurídicas, con una larga relación de peticiones: vuelta a la normalidad democrática, según los resultados de las elecciones de noviembre de 2020; respeto de las diversas libertades ciudadanas conculcadas durante el estado de excepción, con liberación de los detenidos bajo acusaciones infundadas; protección efectiva de la población contra los efectos de la pandemia. Entretanto, confirma la oportunidad de seguir imponiendo embargos y sanciones selectivas y efectivas contra el régimen y los responsables del golpe.
Sin embargo, echo de menos en la resolución una referencia al posible e injusto error cometido por la Eurocámara al excluir a Aung San Suu Kyi de la comunidad del premio Sakarov en septiembre de 2020. Al considerarla corresponsable por su inacción de las barbaridades que cometía el Ejército contra la minoría rohinyá –la oposición de la líder democrática no tenía suficiente fuerza de hecho- dio alas a los militares golpistas, como se vio unos meses después.
Bien está que, al menos, se pida su liberación. La comunidad internacional confía en que esté viva, pues se ha perdido su rastro, y no se sabe dónde está detenida. Pero queda pendiente la autocrítica de los eurodiputados: deberían quizá recordar que ella tuvo que esperar a octubre de 2013 para recoger el premio concedido en Estrasburgo 23 años antes, prueba ostensible de su difícil lucha a favor de la libertad y los derechos humanos, que no abandonó nunca, aunque tuviera que adaptarse en algunos momentos a evidentes dificultades y frenos irreductibles. La política es arte de lo posible, también para derrumbar dictaduras sin provocar muertes ni destrucción.
