Viernes 20/10/2017. Actualizado 01:12h

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Política

Naciones Unidas votará el 16 de octubre

Ofensiva de Exteriores para evitar que el contencioso de Gibraltar deje a España fuera del Consejo de Seguridad de la ONU

Persigue neutralizar movimientos diplomáticos que promuevan un boicot anglosajón a la candidatura española como ocurrió en la Olimpiada de Madrid 2020

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El Gobierno está llevando a cabo una intensa campaña para lograr un puesto en el Consejo de Seguridad  de la ONU. Es actualmente uno de los objetivos principales de la política exterior y de la diplomacia española. Se trabaja intensamente para que el contencioso de Gibraltar no afecte a las aspiraciones de España por un posible boicot anglosajón en la votación del próximo mes de octubre.

García-Margallo, en el Palacio de Viana con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Ashe García-Margallo, en el Palacio de Viana con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Ashe

España necesita el apoyo de 129 de los 193 Estados miembros de la Asamblea General –equivalente a dos terceras partes de los votos– para convertirse en uno de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Compite con Turquía y Nueva Zelanda por las dos plazas que corresponde renovar para el bienio 2015-2016, una decisión que se conocerá en una votación en la Asamblea General el próximo 16 de octubre.

Neutralizar un boicot anglosajón a España por Gibraltar

Fuentes diplomáticas a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital temen un boicot de los países anglosajones a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU por el contencioso de Gibraltar.

Este escenario ha llevado al Gobierno y a Exteriores a redoblar los esfuerzos para neutralizar cualquier movimiento que pudiera interferir en los representantes de territorios anglófilos de cara a esa trascendental votación.

No se pasa por alto, por ejemplo, que solo unos días antes, la situación de Gibraltar se debatirá en Nueva York, lo que puede reavivar el conflicto.

Sin embargo, desde el departamento que dirige José Manuel García Margallo restan importancia a este posible boicot. Aseguran que se están realizando intensas gestiones con todas las áreas geográficas y que el mundo anglosajón es solo una parte más del equilibrio de fuerzas.

Añaden, además, que “las relaciones de España y Reino Unido son las de dos aliados” a pesar de las diferencias en la crisis con el Peñón.

El contencioso con el Peñón perjudicó a la Olimpiada 2020

Pero algunos de estos mismos diplomáticos, consultados por ECD, recuerdan que hace ahora justo un año, “el gran déficit de Madrid 2020 en la votación del COI en Buenos Aires fue el mundo anglosajón”, donde se concentran más de 30 de los 100 votos totales.

En aquel momento, en pleno contencioso de España con Gibraltar por el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas españolas por parte del Peñón en el verano de 2013, no se quería que las diferencias con los autoridades de la colonia y del Reino Unido pudieran interferir en los representantes de los países anglosajones con derecho a voto, que decidieran como represalia no dar su respaldo al proyecto español.

Personas que conocen los entresijos de este tipo de procesos, y han estado presentes en los tres intentos fallidos de Madrid por albergar la cita olímpica, destacan a este confidencial  la importancia de no perder masivamente votos de miembros anglosajones en este tipo de votaciones. El resultado es conocido: la eliminación de Madrid en la primera votación. Un escenario que el Gobierno no está dispuesto a que se repita ahora en la ONU.

Convertirse en miembro no permanente durante dos años

El Consejo está formado por 15 países: 5 permanentes y 10 temporales. Los cinco permanentes, que además cuentan con derecho a veto, son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Los diez miembros no permanentes son electos de 5 en 5 cada año y por un período de 2 años como representantes regionales, conforme a una distribución geográfica.

Este órgano puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.

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