Martes 21/11/2017. Actualizado 13:57h

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Política

Veteranos del Ejército anuncian a través de Defensa una cuenta para ayudar a los militares procesados por el Yak 42 y luego lo anulan

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La Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas ha decidido acudir en ayuda de los tres militares imputados por las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42. Pero lo han hecho de la peor manera posible.

Hace poco más de un mes, esta asociación trató de utilizar la intranet del ministerio de Defensa con el fin de recaudar dinero para pagar las fianzas del general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.

En un e-mail enviado a través de la intranet de Defensa por la Hermandad de Veteranos a las 9 de la mañana del 19 septiembre -al que ha tenido acceso El Confidencial Digital- se comunicó la creación "bajo el concepto 'ayuda a compañeros' de un fondo para pagar la fianza de compañeros que están encausados por el asunto Yak-42".

En un segundo párrafo se añadía que "en caso de no usarse dicho fondo, se devolvería a los contribuyentes o bien se mantendría para posibles casos similares donde ni el Estado ni los interesados puedan pagar las fianzas". Por último se daba un número de cuenta de una entidad bancaria -el Santander- para que cada uno hiciera la aportación que creyera oportuna.   Algunos militares y probablemente el propio ministerio debieron de pensar que la idea, o el canal de lanzamiento, no eran oportunas porque nueve horas después -pasadas las seis de la tarde-, la Hermandad de Veteranos envió un segundo e-mail en el que rectificaba: "Se anula el mensaje anterior, que fue enviado por esta vía por error". Y pedía "disculpas a aquél que pueda haberse sentido molesto por ello".

El juez Grande-Marlaska decidió abrir juicio oral a los tres militares para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar la identidad de 30 de los 62 miembros del ejército que fallecieron en el accidente del Yakolev-42 en Turquía, cuando regresaban de una misión en Afganistán. Impuso una fianza de dos millones de euros a los tres, por las indemnizaciones que la sentencia pudiera otorgar a familiares de las víctimas por los daños morales y materiales causados.

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