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Política

Wikileaks y la justicia. El País minimiza los contactos de Garzón y colegas de la Audiencia Nacional con norteamericanos: “Los jueces no deben reunirse con nadie”

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Las revelaciones de Wikileaks sobre la justicia española y su vinculación con los documentos del Departamento de Estado han sido presentadas como “maniobras” norteamericanas sobre políticos y fiscales. El enfoque de El País, sin embargo, minimiza la implicación de los jueces de la Audiencia Nacional, uno de ellos Baltasar Garzón.

Fuentes jurídicas, consultadas por El Confidencial Digital para que valoraran el contenido de esas revelaciones, han aportado las siguientes conclusiones, tras la lectura de la información publicada: los fiscales están ‘habilitados’ para hablar; quienes no pueden hacerlo son los jueces. Y eso es lo que no aparece en los titulares.

Los jueces no pueden reunirse con nadie”, es el comentario de esas fuentes, que añaden: “¿Qué hace un juez de la Audiencia Nacional cenando con diplomáticos norteamericanos y hablando de procedimientos que tramita en su juzgado?”. Lo consideran una irregularidad flagrante.

La información de El País revela, por ejemplo, una reunión de Baltasar Garzón con el entonces embajador USA, Aguirre, en la que el magistrado le aconsejó que contactara también con otros jueces de la Audiencia, como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan del Olmo. Y cuenta que se intentó “con diferente grado de éxito”.

Igualmente, habla de un encuentro del director del FBI en Madrid, Robert Mueller, con el juez instructor del 11 M, Juan del Olmo, y de una visita a Estados Unidos que le prepararon posteriormente.

Las fuentes consultadas por ECD insisten en la irregularidad de que unos jueces comenten asuntos de su competencia, pero sin embargo lo sucedido no tendrá repercusiones para ellos porque no es previsible que el Consejo General del Poder Judicial tome ninguna iniciativa a ese respecto.

Representación internacional del Fiscal

Respecto a la presencia del Fiscal General del Estado en los documentos enviados desde la embajada de Estados Unidos en Madrid, que relatan numerosos contactos y peticiones de información sobre asuntos como la muerte de Couso, Guantánamo y los vuelos de la CIA, las citadas fuentes jurídicas apuntan que el Fiscal General del Estado tiene representación de España en los ámbitos jurídicos internacionales y está habilitado para ello.

Igualmente, los fiscales suelen ser los interlocutores judiciales cuando se trata de asuntos que sobrepasan las fronteras españolas.

La Fiscalía como tal puede informar a países aliados sobre el estado de determinados casos, y en concreto con Estados Unidos hay firmado un acuerdo de colaboración, por el cual, también desde España se plantean cuestiones. Sin olvidar las peticiones de ayuda e incluso, en algunos asuntos, el apoyo tecnológico que se recibe.

La información que trasladó la Fiscalía del Estado fue lo mismo que se dio a conocer públicamente en España: en el asunto Couso no tenemos jurisdicción, en el caso de los vuelos de la CIA estamos asistiendo a “una tomadura de pelo”. Aunque no se destaca en la información publicada, sobre esto último se comunicó a la CIA que se iba a acusar a diez de sus “espías”.

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