Jordi Sevilla y Mayor Zaragoza piden en un manifiesto crear "asambleas ciudadanas"
Otros expolíticos, intelectuales y asociaciones se han adherido a la petición impulsada por Ampliando Democracia
Los exministros socialistas Jordi Sevilla y Federico Mayor Zaragoza son dos de los firmantes del «Manifiesto por la ampliación de la democracia», en el que proponen a las administraciones públicas y a los partidos políticos 7 líneas de acción para promover la convivencia y los derechos y libertades.
Entre los expolíticos que se adhieren a la propuesta se encuentran también la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados Gloria Elizo, los exdiputados Sara Giménez y Diego Gago, la exsenadora Marta Pascal o la exconcejala del Ayuntamiento de Madrid Maysoun Douas. El resto de los firmantes, una treintena (y otras tantas organizaciones) proviene de la sociedad civil, y se trata fundamentalmente de politólogos y académicos.
El manifiesto, que se ha presentado este jueves en Madrid, está impulsado por Ampliando Democracia, que proviene del think-tank Political Watch, de la Fundación Salvador Soler. Se trata de una iniciativa que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil e intelectuales con el objetivo de "promover la reflexión y realizar recomendaciones sobre cómo mejorar la gobernanza, las políticas públicas y la calidad democrática a través de una participación ciudadana más profunda, inclusiva y sólida". Este objetivo se traduce en la creación de espacios de encuentro, trabajo y debate, la alianza entre organizaciones, colectivos, movimientos sociales e individuos, la institucionalización de propuestas de participación ciudadana y la difusión de estas innovaciones.
El documento, de cuatro páginas, cuenta con otras 42 de anexos técnicos que respaldan cada una de las siete propuestas, a saber: impulsar el parlamentarismo en términos de participación, transparencia y rendición de cuentas, fortalecer la Iniciativa Legislativa Popular, incorporar procesos deliberativos y de asambleas ciudadanas en la toma de decisiones públicas, ampliar la participación de la sociedad civil en los órganos consultivos de la Administración General del Estado, mejorar las consultas públicas en proyectos normativos, regular la actividad de los grupos de interés o lobbies y educar en democracia.
