Miércoles 22/02/2017. Actualizado 14:43h

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Dinero

El Código de Buenas Prácticas es un gesto hacia los afectados

El Gobierno simula dureza con los bancos pero no les forzará a devolver las cláusulas suelo

De Guindos ha contactado con los consejeros delegados de BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell. Admite que no puede obligarles a un reintegro masivo tras haber encontrado impedimentos legales

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Los bancos descartan devolver de oficio las cantidades cobradas de más a dos millones de clientes con cláusulas suelo. Esta decisión obligará a los afectados a acudir a los tribunales para conseguir una sentencia favorable. El Gobierno ha confirmado a los consejeros delegados de los principales grupos financieros del país que no puede forzarles a un reintegro masivo. 

Luis de Guindos y Mariano Rajoy. Luis de Guindos y Mariano Rajoy.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro de Economía ha mantenido, en los últimos días, contactos con los principales ejecutivos de BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell. Se trataba de establecer el tiempo en el que los afectados podrían recibir los 4.000 millones de euros cobrados de más.

Ha encontrado impedimentos legales

En el marco de estos contactos, De Guindos ha admitido a los consejeros delegados de las entidades con exposición a las cláusulas suelo que los contratos hipotecarios afectan a la “relación privada y personal de los bancos con sus clientes”. El problema se escapa, por tanto, a las competencias del Gobierno.

Les ha revelado que es el principal dictamen que ha recibido por parte de la Abogacía de Estado y explica el carácter voluntario del Código de Buenas Prácticas que se dispone a aprobar a mediados de enero. Reconoce, por tanto, haber encontrado impedimentos legales para forzarles a una devolución rápida y masiva de las cantidades.

Este hecho ha provocado que el PSOE rechace apoyar ese decreto ley en el Congreso y que la normativa haya quedado en suspenso hasta después de Reyes.

Las entidades aseguran no haber recibido presiones políticas

En varias entidades consultadas por ECD confirman también que ni el Gobierno ni el Banco de España les han instado a efectuar una devolución urgente de lo cobrado en exceso por estas cláusulas. “No hemos sufrido, ni esperamos recibir, ninguna presión política para tener que devolver el dinero de oficio”, remarcan.

Sin embargo, esta actuación choca con las declaraciones que vienen realizando en público algunos políticos. Es el caso del propio Luis de Guindos o el portavoz socialista, Antonio Hernando.

Ambos han insistido en la necesidad de que “se establezca inmediatamente un procedimiento para la solución extrajudicial de las reclamaciones”. Y lo argumentan así: “no se puede abocar a dos millones de afectados a seguir un procedimiento judicial que puede ser largo, prolijo y costoso”.

Los bancos, a De Guindos: “Agotaremos todas las vías legales”

En Economía han recibido de vuelta un mensaje contundente de los bancos. En estos mismos contactos, los consejeros delegados de BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell han coincidido en trasladar al ministro que van a apurar al límite sus posibilidades legales contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE porque, explican, “se deben a sus accionistas”.

Razonan que, en caso de una devolución generalizada sin un requerimiento específico, los accionistas estarían en condiciones de exigirles responsabilidades por no haber defendido sus intereses. Aseguran que solo una resolución judicial dictada sobre cada caso les permitirá justificar ante la Junta General ese desembolso de dinero.

“Que el Estado dé ejemplo con Bankia, BMN y Abanca”

En privado, los bancos son incluso más críticos con la política de “postureo y demagogia” –así la definen- del Gobierno.

Consideran que si realmente el FROB quiere dar ejemplo tiene en sus manos la opción de abrir un proceso que permita a todos los afectados de las entidades participadas por el Estado (Bankia, BMN y Abanca) recuperar de inmediato las cantidades que les han sido cobradas de más en la hipoteca.

Como no lo ha hecho, entienden que existen otras causas. “Esa dureza con los bancos responde simplemente a que el Gobierno tiene que tener un gesto con dos millones de personas. Todo es un paripé porque ahora le resulta complicado mirar hacia otro lado”, afirman en una de las principales entidades del país.

Pero recuerdan que no es la primera vez que el Gobierno aprueba un Código de Buenas Prácticas para los bancos en un asunto con una enorme sensibilidad social. “Lo hizo también en 2012 con los desahucios… sin demasiado éxito”, destacan ahora en el sector. Y aportan un dato revelador: desde entonces, han procedido a 244.000 actuaciones para ejecutar un desalojo por impago.