Dinero

6.000 funcionarios de atención al público que han estado en cuarentena vuelven a las oficinas sin haber pasado un test

Los sindicatos han reclamado al Gobierno que se les practique una prueba diagnóstica y la respuesta ha sido que “no hay para todos”

Funcionarios de la Agencia Tributaria.
photo_cameraFuncionarios de la Agencia Tributaria.

La Administración General del Estado abrirá sus oficinas al público el próximo día 25 de mayo, con el comienzo de la fase 2 del plan del desescalada del Gobierno. Por ejemplo, volverán a funcionar, de forma presencial, las delegaciones de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Eso sí, con cita previa y limitación de aforo, para evitar un rebrote de la epidemia de coronavirus, y flexibilización horaria, con la posibilidad de ampliar los horarios de apertura hasta las 21:00.

Reincorporación progresiva

El acuerdo con los sindicatos contempla una reincorporación progresiva de los/as trabajadores, dando prioridad al teletrabajo, evitando la incorporación de personas con bajas por incapacidad temporal, con síntomas o en contacto con familiares contagiados, así como con enfermedades crónicas (declarados como vulnerables por el Ministerio de Sanidad), así como la personas que tengan a su cargo menores o dependientes.

La reincorporación irá paralela al progresivo inicio de la actividad y acudirán a los centros de trabajo las personas “imprescindibles” que presten servicios en los diferentes sectores de producción y económicos que vayan avanzando hacia la situación de “nueva normalidad”.

Sin haber pasado un test

Por el momento, los sindicatos han advertido que se mantendrán vigilantes para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad tanto para la plantilla como para los ciudadanos que acudan a la Administración.

Con todo, defienden someter a test diagnósticos a todos los funcionarios que se reincorporen a la actividad presencial y, como mínimo, a todos aquellos que hayan estado contagiados o en cuarentena por su exposición al virus.

Esa situación afecta a más de 6.000 empleados públicos de la Administración del Estado, según fuentes de CSIF. La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido que “no hay test para todos”.

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