Los funcionarios se quedan sin ‘paga extra’ de 200 euros en enero

El Gobierno va a mantener este año el poder adquisitivo de los pensionistas con una paga compensatoria en enero. El motivo: se prevé una inflación en 2021 muy por encima del 0,9% al que se revalorizaron las pensiones a principios de este año. Sin embargo, los funcionarios se van a quedar fuera de esta compensación.

Hacienda tendrá que desembolsar unos 2.000 millones el próximo mes para compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación que se ha producido en 2021, la famosa ‘paguilla’, ya que en este ejercicio han disfrutado de una subida de su prestación del 0,9% cuando la inflación finalmente quedará de media en el año por encima del 2%.

El mecanismo vigente de actualización de las pensiones consiste en que a comienzos de año suben de acuerdo con la inflación prevista. Este incremento se revisa al acabar el ejercicio calculando la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre.

Si el incremento inicial queda por debajo, se paga una compensación para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Esto es lo que va a pasar en 2021, según el Plan de Estabilidad enviado hace meses por el Ejecutivo a Bruselas.

Los sueldos públicos solo subieron un 0,9%

Con la subida del 0,9% también a los funcionarios, decidida de forma unilateral por el Gobierno a principios de año, porque era la inflación estimada en aquel momento, el Banco de España ya alertó de que podría generar un incremento del gasto público “especialmente cuestionable” en un contexto de destrucción de empleo por la crisis y un deterioro “muy acusado” de las cuentas públicas.

Señaló también la necesidad de implementar aumentos más focalizados dentro de los empleados públicos, como por ejemplo al personal sanitario, en vez de alzas generalizadas.

No habrá compensación para los funcionarios

Ahora, fuentes del Gobierno consultadas por Confidencial Digital explican que, antes de la subida fijada para 2022, no hay prevista una compensación para los empleados públicos por la desviación que van a experimentar los precios este año como la contemplada para los pensionistas. Esa ‘paga extra’ rondaría los 200 euros.

“No hay ningún precedente de ese tipo y no se contempla una medida en ese sentido”, explican fuentes del Ministerio de Función Pública.

En la cúpula económica del Ejecutivo se defiende que los sueldos públicos registraron notables incrementos durante 2018, 2019 y 2020. Fueron años en los que las subidas superaron holgadamente el 2% y, en todos los casos, con cifras muy superiores a la inflación.

Eso les permitió, insisten, recuperar buena parte del poder adquisitivo que los funcionarios critican que perdieron durante la anterior crisis, al tiempo que experimentaron mejoras muy superiores a las del sector privado.

En cambio, se justifica el “esfuerzo” con los nueve millones de pensionistas que se han convertido en la “columna vertebral” de la economía familiar.

A partir de 2022, prosiguen, sí que existe un compromiso por parte del Ejecutivo con Bruselas para que se produzca una revalorización de los sueldos públicos -y también de las pensiones- de acuerdo al IPC, pero para el presente ejercicio no existe ningún tipo de compromiso adicional.

Es decir, que el Gobierno se compromete a subir el salario de los funcionarios (unos 3,5 millones de trabajadores) conforme al IPC a pesar de las distintas crisis por las que atraviese el país con el objetivo de que este colectivo no pierda poder adquisitivo. Esta subida ligada a la inflación se mantendría, al menos, hasta 2024, fecha en la que termina el recorrido del Plan enviado a la Comisión Europea.

No hay ninguna cláusula de revisión

“No hay ninguna cláusula de revisión salarial, así que damos por hecho que este año se perderá poder adquisitivo. Y esa pérdida se sumará a la que ya se acumula desde la anterior crisis”, explican a ECD fuentes sindicales.

Los representantes de los funcionarios, por lo tanto, dan por hecho que se producirá una pérdida de poder adquisitivo, y su objetivo ahora es negociar un acuerdo multianual para el resto de legislatura que permita recuperar esa capacidad de compra cedida.

“Como el que se firmó con Montoro”, añaden estas mismas fuentes en referencia al pacto a tres años que los sindicatos firmaron con el anterior ministro de Hacienda y Función Pública. “Pedimos un acuerdo a varios años y hemos planteado a Función Pública un calendario, pero todavía no tenemos respuesta”, indican desde UGT.

“Queremos firmar un acuerdo para los dos años que restan de legislatura para recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010”, coinciden en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El Gobierno ha fallado en sus previsiones

Hay que recordar que los sueldos de los funcionarios y las pensiones subieron en enero un 0,9%, de acuerdo con la evolución que pronosticaba entonces el Ministerio de Economía para los precios.

Pero las subidas inesperadas de los precios que se han producido sobre todo en la segunda mitad del año, provocadas principalmente por el encarecimiento de la energía -por una recuperación mucho más veloz de la demanda que de la oferta-, y, en menor medida, por los cuellos de botella en la cadena de suministro, han dejado en papel mojado la previsión de inflación que manejaba el Gobierno para este año y el próximo.

Además, cuando elaboró los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que ahora están en tramitación parlamentaria y en los que planteó una subida del gasto en pensiones hasta los 171.165 millones de euros, lo hizo pensando en que la inflación media quedaría en torno al 2% en este ejercicio.

Por eso, el Ejecutivo anunció a Bruselas que aprobará “una paga compensatoria por una inflación en 2021 posiblemente más alta del 0,9% al que se han revalorizado las pensiones este año”. Sin embargo, el Plan de Estabilidad no incluyó ninguna referencia a una compensación para los empleados públicos por la mayor subida de los precios.

En la cúpula económica del Ejecutivo explican que la evolución al alza de la inflación tiene varios motivos. Uno de ellos es el aumento de los precios de la energía y la electricidad. Los combustibles ya cotizan a los niveles que alcanzaron antes de la crisis. Y eso es lo que ha invalidado las previsiones de hace unos meses, remarcan.