Seguridad

El espionaje del CNI a los controladores acaba ante la Justicia. El presidente y el portavoz se personan ante la Fiscalía General del Estado para que investigue

Los controladores quieren que sea la Justicia quien determine si el Centro Nacional de Inteligencia, a petición del Gobierno, ‘pinchó’ sus comunicaciones telefónicas durante la huelga de diciembre. El presidente y el portavoz de USCA solicitaron en persona una audiencia con el fiscal General del Estado, pero no han obtenido respuesta.

La solicitud de los controladoresante la Fiscalía solicitaba que se investigue si realmente ha habido ‘pinchazos’ por parte del CNI. Tanto el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, Camilo Cela, como el secretario de comunicación Cesar Cabo, presentaron un requerimiento de audiencia con Cándido Conde Pumpido.

A día de hoy, la fiscalía no ha respondido sobre este requerimiento y los controladores, según ha podido saber El Confidencial Digital, no han recibido información al respecto. Esta petición de amparo también estaba firmada por el portavoz de prensa de USCA, Daniel Zamit.

 

Camilo Cela, Cesar Cabo y Daniel Zamit presentaron su demanda de amparo a la Fiscalía a título personal, aunque según las fuentes consultadas, se desconoce si algún controlador ha interpuesto denuncia alguna por este motivo a título personal.

Según las fuentes consultadas, no se descarta que, ante el silencio de la Fiscalía se emprendan “acciones legales por otras vías” y que el episodio de supuestas escuchas telefónicas a los controladores termine en los tribunales.

Las escuchas que niega Rubalcaba

Los presuntos pinchazos, destapados por el diario El Mundo, estaban dirigidos en principio a los tres dirigentes de USCA. Fueron encargados por el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

Las escuchas se centraron en el día 3 de diciembre, cuando el colectivo de controladores inició una huelga que supuso el abandono de sus puestos de trabajo en las torres de control y el cierre del espacio aéreo español. Los supuestos informes del CNI trataban de dilucidar dónde se encontraban en ese preciso momento los tres dirigentes sindicales.

Tras la publicación de la información, el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que todo lo que se contaba era mentira.

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