Caza de brujas
Caza de brujas: así lo llama ABC, recordando la expresión que utilizaron el PP y Ciutadans hace unos días para denunciar el caso. En esta ocasión, me parece un término bastante atinado.
Resulta que el Ejecutivo de Artur Mas ha decidido emprender acciones judiciales contra un grupo de periodistas, tertulianos y analistas que han declarado su rechazo al proceso independentista protagonizado por CiU.
No es ninguna broma. El caso acaba de llegar a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha admitido una demanda de protección del derecho al honor presentada por la Generalitat “en nombre del pueblo catalán”.
Se basa en un informe del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), según el cual, algunos colaboradores de Intereconomía TV y 13TV compararon un proceso “radicalmente democrático” con el nazismo, entre otros regímenes totalitarios.
El CAC –se recuerda en la demanda- vela “por la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo, de la neutralidad y la honestidad informativas, así como de la libre concurrencia del sector”.
Pues bien. Este organismo analizó las emisiones de ambas cadenas entre el 10 y el 17 de septiembre, un día antes de la Diada. Se trata, concretamente, de los programas en los que intervinieron los articulistas de ABC Hermann Terstch y Gabriel Albiac; Federico Jiménez Losantos y Xavier Horcajo, de Intereconomía TV; la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, José Antonio Sentís y Alfonso Merlos, de 13 TV.
En su informe, el CAC concluye que “las emisiones efectuadas por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual 13TV e Intereconomía TV constituyen una infracción muy grave” atendiendo a que “de forma manifiesta fomentan el odio, el menosprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión”.
Personalmente, considero una torpeza comparar la ofensiva soberanista catalana con el nazismo. Sin embargo, una institución como el CAC se extralimita con esta actuación y procede como un auténtico órgano censor... cuando pensábamos que esos tiempos habían quedado atrás.
Para mayor bochorno, resulta chusco y vergonzante que esto suceda en una de las regiones de nuestro país donde la prensa ha estado más supeditada al poder político que en ningún otro lugar. Sin comparación.
El CAC debería animarse a investigar esa ‘omertà’, ese silencio cómplice, esa connivencia horrenda, pagada a golpe de subvención y publicidad institucional. Hay para varias tesis doctorales. Es una historia, insisto, que todavía está por escribir. Todo llegará.
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