Elecciones anticipadas

A la vista de las cuatro manifestaciones que se han sucedido en contra de distintas políticas del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, no es descabellado que alguien plantee la oportunidad de adelantar las elecciones generales como un medio de renovar –en su caso- la confianza de los ciudadanos en el actual Gobierno de España.   Si la vida política española fuera normal –todo lo normal que es en algunos países de nuestro entorno europeo- nadie se rasgaría las vestiduras ante la posibilidad de adelantar los comicios. Cuando un Gobierno, por las razones que sea, puede empezar a pensar que está perdiendo la confianza de los ciudadanos – o al menos que ya no goza de ella en la misma medida que recién ganadas unas elecciones- la higiene política exige que se plantee la posibilidad de llamar al electorado a las urnas para que vuelva a expresar su voluntad.   Lejos de toda batalla partidista, y haciendo abstracción de los legítimos intereses de cada uno, el adelanto de las elecciones es una medida democrática como otra cualquiera, independientemente del tiempo que reste para el vencimiento del período electoral en curso.   En España todos los Presidentes de Gobierno han hecho y hacen del agotamiento de la legislatura una especie de reto personal y parece como si fuera un logro y una señal de buen gobierno. No tiene por qué ser así necesariamente.   Se alzan voces –lógicamente interesadas- pidiendo a Rodríguez Zapatero que, a la vista de las manifestaciones en la calle, rectifique. Un país políticamente sano y una clase política con verdadero sentido de lo que es una democracia moderna, lo que debería hacer es plantearse hasta qué punto tiene la misma confianza del electorado que le dio la victoria y que le otorgó el mandato para formar gobierno. Ante esa disyuntiva, el adelanto de elecciones – hasta con la perspectiva de volverlas a ganar- es absolutamente plausible.   Lo que ocurre es que nuestra vida política es algo tan distorsionado que, además de estar en constante campaña electoral, el planteamiento de los comicios propiamente dichos supone un coste político, económico y social tan elevado que hace que el apurar la legislatura, aunque sea a contra corriente de millones de ciudadanos, se vea como algo -cuando menos- improcedente y, desde luego, impensable para nuestros dirigentes.