Pedro Sánchez con Alsina, juega con las palabras y niega "haber gobernado con Bildu" cuando lo que prometió es que "no pactaría con los los proetarras"

Sánchez, en Navarra Televisión en 2015: "No pactaré con Bildu"

Sánchez dice que nunca ha gobernado con Bildu

Hoy en la entrevista con Alsina, en Onda Cero, en cuanto a su promesa de que no pactaría con Bildu, Pedro Sánchez se ha defendido queriendo dejar claro que no ha gobernado con este partido político alegando que no hay ningún ministro de esta formación en el Gobierno y tampoco un acuerdo de investidura sino «acuerdos puntuales sobre leyes concretas».

"Un acuerdo de gobierno significa tener ministros de un partido político en tu Gobierno, no lo hay, no hay acuerdo de Legislatura. Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concreta», ha aseverado Sánchez.

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Dicho esto, ha puesto como ejemplo las veces que el PP ha convalidado decretos leyes del Gobierno en el Parlamento, que han sido 51 según ha dicho, frente a las que ha apoyado Bildu, 48 en total. «¿Eso significa que hemos gobernado con el PP?, no», ha exclamado.

Y ante la pregunta de por qué se ha sentado a negociar con Bildu y no con el PP, el jefe del Ejecutivo ha respondido que el PP no se lo ha puesto fácil, achacando al partido de Feijóo haber renunciado a las obligaciones constitucionales por bloquear el CGPJ o el ir a Bruselas a decir que las soluciones que proponía el Gobierno eran equivocadas.

Pero Pedro Sánchez lo que prometió desde 2015, de manera repetida y reiterada es que nunca pactaría con EH Bildu y en eso ha mentido a todos los españoles, si bien ahora lo justifica afirmando que "su posición política ha cambiado", todo un eufemismo para no reconocer que ha faltado a su palabra dada.

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Durante toda esta legislatura, Bildu se ha convertido en uno de los socios preferentes del Gobierno de Sánchez. Los pactos con Otegi han sido cruciales para sacar adelante leyes como la de vivienda, la de memoria democrática o los Presupuestos Generales del Estado. A cambio, cesiones de competencias y acercamiento de presos etarras.

Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy con 180 votos a favor, entre los que se encontraban, los dos diputados de EH Bildu.

Con Bildu, el Gobierno central ha pactado la cesión de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra.

También, el respaldo de Bildu a la Ley de Memoria Democrática que se extendió, como exigía la formación abertzale, hasta 1983 para incluir la etapa de los GAL.

Esta formación vasca también ha votado a favor de los presupuestos generales del Estado en el Congreso y de la derogación de la sedición.

El pasado mes de marzo, se dio por concluido el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Navarra y País Vasco.

La trayectoria de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo está ligada desde el primer día a su relación con los socios que le sustentan parlamentariamente

Desde la moción de censura contra Mariano Rajoy a la aprobación de su norma más reciente, la Ley de Vivienda. Entre ellos está EH Bildu, una de las formaciones que más ha respaldado al Gobierno de coalición a lo largo de la legislatura, siempre con polémica por los complejos equilibrios que el PSOE se ha visto obligado a hacer para justificar su aproximación al partido comandado por Arnaldo Otegi.

El debate aparece y desaparece de forma habitual desde hace años, pero parece que ahora puede estallarle a los socialistas en el momento más delicado de la legislatura: en su fase final y al borde de la campaña para las autonómicas y municipales del 28-M, con la derecha al alza y varios territorios y alcaldías estratégicas para el PSOE en juego. En este contexto, en el electoral, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha cifrado en 44 los candidatos de EH Bildu en el País Vasco y Navarra que han sido condenados anteriormente por su relación con la organización terrorista.

El silencio de Pedro Sánchez y de la mayoría de cargos socialistas ante este hecho evidencia la incomodidad que genera este asunto en el PSOE y despeja el camino al miembro minoritario de la coalición gubernamental, Unidas Podemos, que evidencia nuevamente sus discrepancias con los socialistas. La ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, reclamó ayer «máximo respeto» a la composición de las listas de EH Bildu al estar diseñadas de forma «democrática» y ajustadas a la «legalidad» que rige en la actualidad la normativa electoral. Un claro respaldo al partido abertzale al que se sumaron otros socios del Ejecutivo, como ERC, frente al mutismo que se apoderó de la rama socialista del Gobierno. «No me gusta nada», se limitó a valorar ayer el portavoz del PSOEen el Congreso, Patxi López, que fue el único dirigente socialista que no evitó las preguntas de los periodistas.

La estabilidad de Sánchez en La Moncloa ha dependido en los últimos tiempos de las siglas independentistas, nacionalistas y abertzales. De ahí el interés de Alberto Núñez Feijóo por remarcar que si alcanza La Moncloa derogará el sanchismo y su «manual de resistencia». EH Bildu, junto a ERC y PNV, se convirtió en un aliado prioritario hace apenas medio año, cuando Sánchez logró amarrar los últimos presupuestos de la legislatura gracias a los 24 votos que estas formaciones poseen en el Congreso. «Se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar, y además somos de izquierdas, no lo sostenemos», presumió entonces Otegi.

Para entonces, el PSOE ya había pactado con EH Bildu la cesión de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra, exigencia histórica del partido que conllevó la salida de la Guardia Civil de la región. Semanas antes, el Gobierno logró sacar adelante en el Congreso la Ley de Memoria Democrática gracias a aceptar extenderla hasta 1983 para incluir en ella la etapa de los GAL, como exigía EH Bildu.

Aquella misma semana, en una sucesión de intensas jornadas parlamentarias, los abertzales se convirtieron en el apoyo decisivo para que el Gobierno pudiera avanzar en determinadas cuestiones legislativas, una mano tendida años atrás inimaginable: la contrarreforma de la Ley del Poder Judicial diseñada para desbloquear el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y, por otro lado, el segundo paquete de medidas para frenar el impacto económico causado por la guerra en Ucrania. De la misma manera, la abstención de EH Bildu que facilitó la quinta prórroga del estado de alarma llegó paralela a la «derogación íntegra» de la reforma laboral de aquel entonces, diseñada por el PP en 2012. Horas más tarde el propio Gobierno retrocedió y matizó la medida.

Todo ello bañado a lo largo de la legislatura por el constante goteo de los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Un movimiento que comenzó hace cinco años y que se completó a finales de este marzo. Otegi lo celebró anticipando un «horizonte sin presos, ni deportados ni refugiados».

El silencio demostrado por la bancada socialista y la claridad con la que Unidas Podemos y el resto de socios se han expresado en las últimas horas han cargado de munición a la oposición, que aprovechará la campaña que ahora se abre para hurgar en el asunto. El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseveró ayer que España no merece estar sostenida con el respaldo de partidos como EH Bildu, con candidatos «condenados por asesinato», motivo por el que ahondó en su ya repetida promesa de «derogar el sanchismo» si gobierna y evitar que formaciones independentistas y radicales sostengan la estabilidad del Estado. «Nos quedamos cortos», reflexionan en Vox tras conocer el listado de candidaturas de EH Bildu y al recordar que la presidencia del Congreso le obligó a retirar la calificación de «filoetarras» tiempo atrás para referirse a este partido.

Desde Ciudadanos se tildó de «vergüenza» que Sánchez mantenga próximos al Gobierno a la «gentuza» de EH Bildu condenada y UPN, por su parte, reclamó al Ejecutivo que se pronuncie claramente sobre cuál es su postura sobre que ahora los condenados de ETA «sean homenajeados o se incorporen a candidaturas electorales para formar parte de las instituciones contra las que atentaron».