En Vídeo: Ayuso celebra el aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas: "Es una victoria para los madrileños"
Ayuso recaudará para Madrid el impuesto a las grandes fortunas después de su aval en el Constitucional
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá recaudar para la región el impuesto a las grandes fortunas tras el aval del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno central y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) contra la norma madrileña, que entró en vigor en 2020.
El impuesto madrileño grava las rentas superiores a 300.000 euros en el caso de las personas físicas y a 1 millón de euros en el caso de las jurídicas. La recaudación prevista para este año es de 200 millones de euros.
El aval del Constitucional supone un triunfo para Ayuso, que ha defendido el impuesto como una medida necesaria para redistribuir la riqueza y financiar los servicios públicos. El Gobierno central, por su parte, ha anunciado que estudiará recurrir la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas de Madrid supone un importante precedente para el futuro de este tipo de tributos en España. La sentencia abre la puerta a que otras comunidades autónomas puedan aprobar sus propios impuestos a las grandes fortunas, sin que el Gobierno central pueda impedirlo.
El impacto recaudatorio del impuesto madrileño está aún por determinar. Sin embargo, se estima que podría recaudar unos 200 millones de euros al año. Esta cantidad podría ser utilizada para financiar los servicios públicos, como la educación, la sanidad o la protección social.
La sentencia del Constitucional también podría tener un impacto político. El Gobierno central, liderado por el PSOE, ha sido uno de los principales opositores al impuesto madrileño. El aval del alto tribunal supone un revés para el Ejecutivo, que ha defendido que este tipo de tributos son inconstitucionales.
Es probable que el Gobierno central estudie recurrir la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, es difícil que el TJUE anule la sentencia del Constitucional. La UE ha reconocido la competencia de los estados miembros para establecer impuestos sobre la riqueza.
