El ICAM toma medidas contundentes: denuncia a la Fiscalía y exige una ruptura por el escándalo Ayuso

Díaz Ayuso cambia de estrategia. De defender que su pareja no había cometido ninguna irregularidad, a no dar más explicaciones sobre esas informaciones. Lo que sí mantiene es que este caso lo utiliza Moncloa para perseguirle a ella y tapar el caso Koldo. Más contundente ha sido su apoyo a su mano derecha, a su jefe de gabinete tras enviar un mensaje amenazante a una periodista de elDiario.es, el primer medio que destapó el caso. Ese mensaje decía: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den". Crecen las voces que piden la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. La vicepresidenta segunda del Gobierno lo hace a través de las redes sociales e insta al PP y a su presidente a pronunciarse y a defender la libertad de prensa. El PSOE lo hace también en rueda de prensa. Esta tarde el colegio de abogados de Madrid decidirá qué medidas adopta contra la Fiscalía por revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso. El fiscal general se defiende y niega que se haya vulnerado su derecho de defensa.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado, Carlos Neira, por la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha anunciado acciones legales en defensa del abogado de González Amador al revelarse el pasado jueves, mediante la publicación de una nota informativa de la Fiscalía de Madrid, el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de este letrado en el marco de las diligencias de investigación relacionadas con un presunto fraude fiscal.

"Ambas denuncias persiguen la identificación de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades", subrayó el decano del ICAM, que estuvo acompañado por varios miembros de la Junta de Gobierno. Ribón destacó que hay dos supuestos delitos que pivotan sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid como es la violación del secreto y la infidelidad en la custodia de documentos, tipificados en el artículo 417 del Código Penal.El decano recalcó que dicha nota supone "una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

En un comunicado, el Colegio de la Abogacía Madrileña, el colegio profesional más nutrido de Europa con más de 75.000 colegiados, tachó la semana pasada de "extrema gravedad" la supuesta revelación de "datos concretos", detallando "fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

Tras hacerse público este comunicado el fiscal general pidió una reunión tanto al decano del ICAM como a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. El encuentro se produjo a las 11 horas del pasado viernes en la sede del Ministerio Público y a él asistió también la fiscal jefa provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Según desveló El Mundo, el García Ortiz trató de frenar esta crisis proponiendo a Ribón y Ortega firmar un comunicado conjunto donde se recogieran y pusieran en valor los principios fundamentales que rigen en la actuación del Ministerio Público y la Abogacía. Ambos se negaron. Poco después, El Mundo desveló que la orden de hacer público ese comunicado de la Fiscalía de Madrid partió del propio fiscal general del Estado.

Ribón inició la comparecencia mencionando el artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". En este punto, subrayó que "el derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia".

El Colegio considera que con la nota difundida la Fiscalía vulneró su propia normativa, "que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad".

Por ello, anunció que el ICAM, hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, se desvincula del Protocolo de Conformidades, instando a "una revisión del actual protocolo dada su inadecuación" conforme a lo sucedido al considerar que "el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado".

Además, el Colegio presentará una denuncia formal que inicie un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según recuerda, dicha normativa "sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado".

Para el ICAM, "se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, del artículo 4.5 de su Estatuto, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados".

Por último, se dará instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada.

A preguntas sobre filtraciones a medios de comunicación, Ribón explicó que cualquier revelación es "indeseable" pero "el ICAM no puede darle "trascendencia jurídica". "Otra cosa es un comunicado oficial en el que se detalla con todo lujo de detalles los pormenores de estos datos".

Ribón, de la línea oficialista, llega al decanato del ICAM como heredero de la gestión de José María Alonso. Entre los críticos a su gestión, algunas fuentes consultadas por LD afean al actual decano que haya corrido para mover ficha en este caso, "y no en las decenas de atropellos que sufrimos los abogados todos los días por parte de esta Fiscalía sin que el ICAM mueva un solo dedo", decía una de estas fuentes.

En cambio, fuentes del entorno de la Junta de Gobierno, conocedoras de la deliberación, confiesan que no ha habido dudas: "La Junta estaba de acuerdo. Todos estaban muy alarmados con lo sucedido y ha sido una decisión unánime".

"Lo que ha sucedido es gravísimo, pero no es un hecho aislado. Estas cosas suceden con muchas más frecuencia de lo que nos gustaría y no siempre contamos con el respaldo del Colegio", dice otra fuente consultada.

Abogados de reconocido prestigio y protagonismo dentro de la vida colegial madrileña apuntan en la misma dirección: "Está bien tomada la decisión del Colegio, pero es importante reseñar que en otras ocasiones no tienen tanta diligencia a la hora de defender al colegiado". Finalmente, otra de las fuentes, en esta ocasión, uno de los abogados que estuvo más cerca de arrebatarle el decanato a Ribón, no ha tenido dudas: "Acierta, es lo que tenía que hacer".