Europa evitó acorralar a Sánchez con las pensiones para que Vox no llegara al Gobierno

Hace un año, Bruselas sabía que la propuesta de Escrivá era inviable pero no exigió recortes para impedir un castigo más duro al líder socialista en las generales

El comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordan en una reunión en La Moncloa la situación económica.
El comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordan en una reunión en La Moncloa la situación económica.
  1. Evitó acorralar a Pedro Sánchez
  2. No recorta, sino que dispara el gasto
  3. La subida de impuestos, insuficiente
  4. Ingresos por cotizaciones, también insuficientes
  5. Habrá que aplicar recortes en 2025
  6. Que Vox no llegara al Gobierno
  7. Bruselas no suspenderá la reforma
  8. Desbloqueo de 10.000 millones
  9. Feijoó temía que le tocara aplicar recortes
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y su antecesor, José Luis Escrivá.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y su antecesor, José Luis Escrivá.

El último informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la UE ha supuesto un duro varapalo para la reforma de las pensiones que planteó José Luis Escrivá en la pasada legislatura. Entonces, Bruselas ya sabía que la propuesta sólo valía para tres años, pero evitó castigar a Pedro Sánchez para que Vox no llegara al Gobierno.

En cambio, los cálculos de Bruselas son pesimistas y sugieren ahora que España será el país donde más crecerá el gasto en pensiones y se producirá una brecha del 0,8 por ciento del PIB, equivalente a casi 12.000 millones de euros a partir de 2026.

La tendencia de la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen ha sido hasta ahora de laxitud y de dar un aprobado prácticamente general a las reformas de España para que la distribución de fondos europeos no se interrumpa.

Pero Bruselas se suma ahora a las advertencias sobre la reforma de las pensiones que habían formulado en su momento el Banco de España, la OCDE y el FMI.

Evitó acorralar a Pedro Sánchez

En marzo del año pasado, cuatro meses antes de las elecciones generales del 23 de julio, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que había logrado un consenso con la Comisión Europea para culminar una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El Gobierno insistió públicamente en que el acuerdo con Bruselas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones pasaba, por primera vez, por el aumento de ingresos y cotizaciones, en lugar de por rebajas del gasto.

Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, admiten ahora que Bruselas ya constató entonces que la reforma del sistema propuesta por Escrivá solo iba a valer para tres años, después de una primera valoración que realizaron los técnicos de la UE de las cuentas enviadas por España.

No recorta, sino que dispara el gasto

Los técnicos de la Comisión Europea que revisaron los números ya detectaron en aquel momento que la reforma no pasaba por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, que ya se hizo en España en 2011, hasta los 67 años de forma progresiva.

Ni siquiera decretaba la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo el propio Escrivá hasta hacía poco.

 

Hasta el punto de que en Bruselas no pasaron por alto que la reforma no es sólo que no recortaba el gasto, sino que lo incrementaba. Recuerdan que hay que tener en cuenta que ese gasto ya iba a subir de forma ineludible porque habrá más pensionistas, y porque las pensiones de los que llegan a la jubilación son más elevadas que las de los que fallecen.

Mientras tanto, la reforma se centra en aumentar las cotizaciones de quienes más ganan, es decir, de quienes más cobran, los cuales, a su vez, se verán beneficiados de un aumento de las pensiones más altas. Aunque también se aportará una parte sin retorno, solo en el caso de los salarios muy elevados, a los que se asignará una “cuota de solidaridad”.

La subida de impuestos, insuficiente

Sin embargo, las fuentes comunitarias aseguran a ECD que los técnicos de la UE ya concluyeron entonces que el gasto en pensiones seguiría incrementándose a un ritmo superior a los impuestos.

Detectaron varios aspectos que les generaban serias dudas sobre la proyección que realizaba el Gobierno. Por un lado, consideraban que, si las subidas fiscales se centran en los empleados con sueldos más altos, habrá menos empleo de alta cualificación y que atraer a España inversiones de calidad (sedes de multinacionales, plantas de producción de alta tecnología, etc.) será más complicado.

Ingresos por cotizaciones, también insuficientes

Otra de las debilidades que detectaron en Bruselas es que, pese a que los ingresos por cotizaciones han seguido una senda relativamente ascendente o al menos estable, el gasto en prestaciones (contributivas, no contributivas y clases pasivas) se ha disparado: el desequilibrio alcanza los 40.000 millones en dos décadas.

Pero no olvidaban que, además, el propio Escrivá reconocía en 2021, en el Congreso, que las cotizaciones en España ya estaban por encima de la media: “Nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas. Y más altas que la mayoría de nuestro entorno”, declaró entonces el ministro de Seguridad Social.

En aquella ocasión, se preguntaba ante los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo cómo podía ser que, a pesar de estas cotizaciones tan elevadas, España tuviera déficit. Y se respondía: “Por los gastos impropios”.

Ahí ha estado la obsesión de Escrivá desde que llegó al cargo: cerrar el déficit enviando los gastos a otros departamentos, aunque el gasto en pensiones contributivas ya supera, desde hace años y por mucho, los ingresos por cotizaciones. Y eso sin contar otras prestaciones o las clases pasivas, que podrían incluirse porque son compromisos del Estado relacionados con la vejez.

Habrá que aplicar recortes en 2025

Por ello, en Moncloa asumieron que gobernase quien gobernase, tras las elecciones generales de 2023, tendría que aplicar recortes a partir de 2025 para hacer viable el sistema público de pensiones. 

Daban por hecho que la reforma no se quedaría en la subida de impuestos que se ha conocido hasta ahora para lograr la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social.

Algo que temen también ya en el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo si el PP llegaba al poder tras las generales previstas para diciembre, que finalmente Sánchez adelantó a julio: “Lo que ha hecho Sánchez es dar una patada a seguir”, le reprochaban entonces en Génova.

Según las fuentes consultadas por ECD, el ministro Escrivá aceptó ya hace un año la exigencia de Bruselas de que, si el déficit se desvía respecto de lo previsto, habrá que recortar las pensiones.

Cada tres años se revisarán las cuentas y el Gobierno tendrá que aprobar los ajustes necesarios para que cuadren, en base a un mecanismo de ajuste. 

Es lo que ha venido a llamarse en Bruselas “reforma en diferido”: la UE aceptó que España hiciera lo justo hace un año para aprobar el examen de la Comisión y le dejaba la patata caliente al próximo Gobierno.

Que Vox no llegara al Gobierno

Hace un año, por tanto, Bruselas ya sabía que la propuesta de Escrivá era inviable, pero no exigió recortes para impedir que Vox no llegara al Gobierno de España tras las elecciones generales, según reconocen ahora a Confidencial Digital altos cargos de la Comisión Europea. 

Y eso pasaba por evitar imponer al Gobierno de Sánchez un drástico recorte de las pensiones, que le provocase un castigo en las urnas y permitiese que una mayoría de PP y Vox abriera las puertas del Ejecutivo de la cuarta economía de la eurozona a la extrema derecha.

Bruselas no suspenderá la reforma

Por si fuera poco, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista italiano Paolo Gentiloni, ha mostrado implícitamente en los últimos días que aceptará oficialmente en breve la reforma de pensiones del Gobierno, pese a que las críticas de varios organismos y expertos se ha unido el informe de su propio departamento sobre envejecimiento en la UE, el llamado ‘Ageing Report’, que presenta a España como el que mayor gasto en pensiones registrará de toda la UE en las próximas décadas. 

También es el país que lanzará, junto a Chipre, una mayor subida de cotizaciones para intentar tapar el agujero, pero sin llegar a conseguirlo.

Desbloqueo de 10.000 millones

Fuentes comunitarias destacan a ECD que este apoyo de Gentiloni es decisivo para que España pueda recibir el mes que viene un visto bueno a su solicitud de cuarto pago de los fondos europeos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solicitado 10.000 millones y la reforma de pensiones es, junto a la ley de vivienda, un requisito fundamental para recibir el dinero. 

También es importante la reforma del subsidio de desempleo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha logrado aún sacar adelante, pero el Gobierno no descarta que eso implique un recorte temporal de los fondos europeos pendientes de recibir.

En cambio, un suspenso a la reforma de pensiones aprobada el pasado año sería un mazazo mayor que el Gobierno quiere evitar y Gentiloni, con sus últimas declaraciones, ha parecido disipar.

Feijoó temía que le tocara aplicar recortes

En la dirección nacional del PP no pasan por alto tampoco hace un año que el aval de Bruselas a la reforma de pensiones, acordada en el seno del Gobierno y respaldada también por los sindicatos, colocaba a Alberto Núñez Feijóo en una nueva encrucijada.

En este caso, un voto en contra del Partido Popular no solo implicaba una enmienda a un decreto del Ejecutivo, sino también un rechazo a una propuesta pactada con la Comisión Europea y que permitía, además, desbloquear el siguiente tramo de fondos europeos para España.

De hecho, el equipo de Feijóo no ocultaba en privado en aquel momento el malestar por las facilidades que, a su juicio, le había puesto Europa a Sánchez en un proyecto que “no garantiza la sostenibilidad del sistema” y que habrá que “ajustar” en tan solo dos años. “Y nos puede tocar a nosotros”, temían en el PP antes de las generales del 23-J.

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