La Abogacía española no ha enviado al tribunal de La Haya ningún testimonio de refugiados ucranianos víctimas de crímenes de guerra
Distribuyó un formulario para que los letrados de extranjería comunicasen a la Corte Penal Internacional si habían detectado delitos lesa humanidad
El Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha a finales de marzo un mecanismo para poder detectar crímenes de guerra mediante los testimonios de los refugiados ucranianos que ya estaban en España. De esta forma, podrían recabar información para analizarlo y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero esto todavía no ha ocurrido.
Han pasado siete meses desde que Rusia invadió Ucrania. Miles de familias tuvieron que abandonar sus casas para huir de la guerra y muchos de ellos llegaron a España para comenzar una nueva vida. Por ello, los abogados españoles se organizaron para ver de qué manera podían ayudar y lo hicieron de dos formas: asesorándoles gratuitamente e intentando detectar crímenes de guerra.
Cientos de abogados se ofrecieron voluntarios para asesorar gratuitamente a todo aquel refugiado que llegaba a España y que necesitase ayuda. Esta gestión se realizó a través del Sistema de Orientación Jurídica con letrados con al menos cinco años de experiencia y con el conocimiento de mínimo dos idiomas.
De esta forma, les ayudaron a revolver dudas relacionadas con el permiso de residencia, convalidación de títulos universitarios, regularización de su situación en el país, búsqueda de empleo, asistencia escolar y protección internacional.
Además de ofrecer este tipo de ayuda, el Consejo General de la Abogacía Española puso en marcha a finales de marzo un sistema que permitiese acumular testimonios de refugiados ucranianos ofrecidos a través de las entrevistas con sus abogados.
El objetivo de esta recapitulación de información era recoger declaraciones sobre las actuaciones armadas del ejército ruso contra civiles ucranianos que pudiesen ser constitutivos de crímenes de guerra para poder estudiarlos y presentarlos, si procede, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI es un tribunal de justicia internacional que permite juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, agresión y lesa humanidad. Forma parte, junto con otros cuatro juzgados más, del Tribunal de la Haya, situado en los Países Bajos.
Para recoger dicha información, se puso a disposición de todos los letrados un formulario en el mes de mayo con una batería de preguntas básicas para identificar información de utilidad para demostrar los posibles crímenes de guerra, con el consentimiento del refugiado.
Para ello, el Consejo General de la Abogacía Española creó un Comité de expertos para valorar la solidez y la pertinencia de los testimonios y pruebas que reciban. Este Comité está dirigido por el decano del Colegio de Melilla, Blas Jesús Imbroda y cuenta con la ayuda del catedrático Jaume Ferrer y el letrado David Querol, expertos en derecho internacional y justicia penal internacional.
Pero a pesar de que desde el Consejo General de la Abogacía Española no han podido ofrecer datos a Confidencial Digital sobre cuántos formularios han recibido y si se han detectado crímenes de guerra, lo que sí han podido confirmar es que todavía no han enviado nada a la Corte Penal Internacional.
