Las empresas de telefonía no contemplan despidos por la nueva ley contra las llamadas comerciales no consentidas

1. Las encargada de investigar y sancionar será la AEPD
2. Las sanciones pueden llegar a ser de hasta 20 millones de euros

El próximo 29 de junio entrará en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se publicó en el BOE hace un año.

Esta norma prohibirá a las empresas que comercializan con bienes y servicios realizar llamadas comerciales no deseadas a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso.

Esta nueva ley podría amenazar puestos de trabajo de teleoperadores, ya que al reducirse el número de llamadas, a priori se podría pensar que serán necesarias menos personas para realizarlas.

Sin embargo, desde la patronal de las empresas de telecomunicaciones, DigitalES, aseguran a Confidencial Digital que no prevén ajustes de personal en este ámbito derivados de la aplicación de la ley.

Con respecto al consentimiento, en todos los puntos de contacto con clientes o clientes potenciales, las empresas pueden ofrecer la posibilidad de aceptar expresamente recibir informaciones de tipo comercial. Esos puntos de contacto pueden ser muy diversos, y un ejemplo habitual será la marcación expresa y consciente de una casilla de consentimiento.

Las encargada de investigar y sancionar será la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos obtiene, a través de esta ley, facultades para llevar a cabo actuaciones inspectoras de oficio, por lo que se entiende que será esta agencia la que deberá velar para que las empresas de telecomunicaciones cumplan con su contenido.

Sanciones de hasta 20 millones de euros

La nueva legislación contempla dos tipos de infracciones, las leves, recogidas en el artículo 108, cuya multa puede ascender hasta 100.000 euros, y las graves o muy graves, cuya sanción puede llegar hasta los 20 millones de euros.

Fuentes de la asociación de consumidores FACUA consultadas por Confidencial Digital resaltan que es muy importante que los usuarios denuncien ante la AEPD, y que con que un usuario denuncie es suficiente para que se investigue. 

Por último, la norma sobre la cual la patronal había mostrado preocupación era el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela que proponía el Ministerio de Consumo, ya que en el caso del sector de telecomunicaciones, iba a duplicar lo que ya marca la normativa sectorial, a través de la Ley General de Telecomunicaciones.

Desde DigitalES creen que la duplicidad legislativa puede generar inseguridad jurídica y provocar efectos contrarios a los deseados, sin embargo, la convocatoria electoral para el próximo 23 de julio ha hecho decaer la tramitación de este Proyecto de Ley, de modo que esa preocupación ya no existe tampoco.